Dos años después de lo previsto, la Junta aprobó ayer el polémico decreto que regulará los campos de golf. Un texto presentado como fruto del consenso pero que, áun después de aprobado, despierta suspicacias. Las instalaciones tendrán dos años para adaptarse, un plazo "razonable" para la Junta y "muy difícil de cumplir" para la CEA.
El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, informó de la aprobación de un decreto que su departamento tuvo que asumir cuando las otras tres consejerías implicadas -turismo, medio ambiente y obras públicas- no lograron ponerse de acuerdo. La norma fue anunciada para mediados de la legislatura y el retraso fue una de las causas por las que Los Verdes retiró su apoyo al Gobierno andaluz.
Los campos tendrán que estar previstos en los planes de ordenación del territorio -si no es así, los planes tendrán que ser revisados- y se crea la figura de los campos de interés turísticos. A éstos se les exigen unos requisitos de tamaño, excelencia turística y medioambiental más estricta. A cambio, son los únicos en los que se permitirán usos residenciales.
"Cualquier instalación que se esté construyendo o en proyecto deberá regirse por este decreto, y los ya construidos tendrán dos años para adaptarse", señaló Zarrías. A su juicio es un plazo "razonable" y "la inmensa mayoría podrán adaptarse", aunque reconoció desconocer cuántos. Sin embargo, el responsable de Promotur, Ramón Dávila (uno de los portavoces de la CEA en la negociación del decreto) reconoció que es un plazo "corto, muy difícil de cumplir y que va a suponer una carga económica muy grande al sector en una situación de crisis". Otras fuentes de la CEA señalaron que "la realidad se impondrá a la norma".
Serán regados con aguas residuales recicladas y sólo si no es suficiente, la cuenca competente podrá autorizar otros recursos hídricos, pero nunca agua destinada al consumo.
