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La patronal pide eliminar las empresas públicas locales

La CEA reclama a los partidos que las leyes locales no traigan nuevos impuestos y confía en que reduzcan la morosidad de los ayuntamientos.

el 05 abr 2010 / 19:55 h.

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La patronal quiere que desaparezcan las empresas públicas municipales porque "dañan" a la iniciativa privada y suponen una competencia "desleal". Esta fue la opinión meridiana que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) dio ayer a los grupos parlamentarios sobre las leyes locales, ahora en trámite en la Cámara. La patronal recordó que sus principales demandas en materia local son reducir la morosidad de los ayuntamientos, que ha llevado a la bancarrota a muchas pequeñas empresas, y eliminar burocracia, y confió en que las futuras normas mejoren estos dos aspectos porque dotarán a los consistorios de más recursos.


El adjunto al secretario general de la CEA, Antonio Moya, aclaró que los empresarios no tienen "fobia" ni "abominan" lo público, pero criticó que las empresas municipales, que además se nutren de los fondos europeos, generalmente "distorsionan la capacidad de competir" de las privadas, algo que, según él, perjudica sobre todo a las pymes. Mientras existan las sociedades mercantiles y las agencias públicas, sostuvo, no es necesario crear una empresa local cuya finalidad la puede desempeñar una firma privada.

Esta reivindicación de la patronal va en paralelo a la necesidad de limitar los sueldos de los cargos locales, incluidas las nóminas de los directivos de las empresas públicas municipales. Todos los partidos apostaron por acotar los salarios pero acordaron hacerlo en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que aún no ha elaborado ninguna propuesta.


La CEA también pidió que la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Local no abra la puerta a que los ayuntamientos creen nuevos impuestos o los aumenten y demandó que la futura norma incorpore la participación de los agentes socioeconómicos. Sobre la Ley de Participación en los tributos de la Junta, reclamó que a la hora de repartir el dinero se pondere la población según los criterios de edad, inmigración o situación de dependencia.


También compareció ayer en comisión parlamentaria el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), y hoy lo hará el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, y los regidores de Motril (PP) y Sanlúcar (PSOE). Ocaña pidió mejorar las leyes para acabar con una situación "angustiosa" de los ayuntamientos y que éstos asuman más competencias urbanísticas, sobre colegios y formación para el empleo. Insistió en que el fondo local debe ascender a los 600 millones este año para garantizar la suficiencia financiera.

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