"Ningún empresario hubiese pagado ni firmado un convenio urbanístico si hubiese sabido que el dinero era para el carril bici o las setas". Así de tajante se mostró ayer el presidente de la patronal de los constructores y promotores de Sevilla (Gaesco), Miguel Rus, quien, tras una asamblea urgente, informó de que los empresarios se sienten "engañados" por la Gerencia de Urbanismo.
Gracias al PGOU aprobado en 2006, el Ayuntamiento ingresó por los convenios urbanísticos, según Gaesco, 240 millones de euros. Un dinero que debía destinarse a sistemas generales, esto es, a viarios, redes de abastecimiento y electricidad... y también a equipamientos deportivos, culturales, sanitarios, educativos e incluso a espacios libres. Así reza en el Plan General.
Sin embargo, para los empresarios es un "fraude" que el Consistorio sólo haya construido uno (el bulevar de Bellavista) de los 12 proyectos del apartado "sistema general viario" incluidos en el PGOU para el primer cuatrienio, lo que impide el desarrollo urbanístico de las grandes bolsas de suelo. La SE-35, por ejemplo, es una de las asignaturas pendientes del Ayuntamiento, lo que está lastrando proyectos como el de Santa Bárbara, con 17.000 viviendas previstas.
La liebre la levantó el propio delegado de Urbanismo, Manuel Rey, en su conferencia del pasado viernes en la misma sede de Gaesco. Allí reconoció (valientemente, según Rus) que ya se han gastado casi 100 millones de euros de las recalificaciones del PGOU en proyectos como los parasoles de la Encarnación (33 millones), el carril bici (17,9), el Plan de Barrios (19,8), la Alameda (4,1), la Plaza de España (5,9), la SE-35 (1,4) y el bulevar de Bellavista y parques (17,8 millones).
Ante esta información, los empresarios no tardaron en reaccionar. "Las setas no son sistemas generales porque un equipamiento ni vertebra ni hace ciudad", denunció Rus. En cambio, Rey defendió la legalidad de las obras pagadas con los fondos de los convenios del PGOU, puesto que dentro de los sistemas generales se incluyen los "sistemas generales de equipamientos".
Con todo, Gaesco está estudiando la actuación de Urbanismo "técnica, jurídica y económicamente". "Llegaremos hasta el final", advirtió Rus, quien sí admitió que difícilmente los empresarios podrán recuperar su dinero por la vía judicial. Lo que sí intentarán será, según dicen, que el Ayuntamiento haga sus deberes para que los constructores puedan levantar los nuevos barrios de la ciudad.
El presidente de la patronal incluso aseguró que Urbanismo, al bloquear el desarrollo de los suelos porque no tienen vías de acceso, luz o agua, está impidiendo que en el sector de la construcción se generen 40.000 empleos directos y otros 96.000 indirectos. "Si se invirtiesen estos recursos se podrían crear estos empleos en un momento clave, en plena crisis", avisó.
"Es un fraude al futuro de la ciudad, que está sumida en un coma profundo", criticó Rus, para quien Urbanismo ha perdido "toda credibilidad". "¿Cuántas empresas se hubieran salvado si el Ayuntamiento les hubiese devuelto ese dinero?", insistió.
"Las empresas -añadió- no somos ONG. La aportación era para garantizar el desarrollo de nuestros proyectos y si no hay ese dinero es difícil que obtengamos financiación. Dificulta más el panorama financiero de las empresas", explicó tras indicar que en ninguna ciudad se ha dado un "fraude" similar.
Gaesco incluso pone en duda que los proyectos de Hacienda El Rosario, Palmas Altas Sur y Buen Aire vayan a seguir adelante, pese a que sus promotores se beneficiarán del primer Plan Impulsa municipal. Urbanismo invertirá en estos suelos (con 1.361 VPO, 343 a precio tasado y 125 viviendas de renta libre) 44 millones de euros para arrancar la urbanización. El delegado hasta anunció la pasada semana un segundo Plan Impulsa con 57 millones de euros de inversión para proyectos, incluso, no residenciales.
