La soberanía del Peñón es un asunto intocable desde 2002, cuando quedaron en suspenso las últimas negociaciones abiertas entre España y Reino Unido. Todo lo que ha venido después han sido pequeños avances para normalizar la vida diaria en la bahía: el uso conjunto del aeropuerto gibraltareño, la actualización de las pensiones de los españoles que trabajaron allí, la mejora del cruce de la verja y la construcción de una sede del Instituto Cervantes en suelo inglés.
El tiempo ha demostrado que son parches pues las carencias de base, las más trascendentes, siguen vivas, como la seguridad. Complejo debate: qué hacer ante un caso como el del lunes, cuando la Guardia Civil, en su afán por perseguir a unos narcotraficantes, acabó interviniendo en suelo británico, en el único reducto marítimo en el que, según el Tratado de Utrecht, tienen soberanía plena. ¿Qué es mejor. Dejar que escapen o avanzar? ¿Peor un narco huido o un conflicto diplomático?
La solución es sencilla, pero requiere de voluntad política. Se encuentra en el tratado de Schengen (1985), por el que se rompen las fronteras entre los países de la UE y se armonizan los controles fronterizos externos en materias de paso o seguridad. Dicho acuerdo, en su capítulo I, contempla la posibilidad de que un cuerpo de seguridad desarrolle una "persecución en caliente" en otra nación, por lo que pueden perseguir a delincuentes en otro territorio sin pedir permiso si la carrera ya se había iniciado en el propio país. Debe perseguirse un delito flagrante y, entre los supuestos, se encuentra la lucha contra el narcotráfico, que era en lo que estaban los guardias del lunes. Por tanto, la acción de los españoles, en virtud de Schengen, estaría avalada. De hecho, el acuerdo les permite hasta llevar armas en suelo extranjero -a los españoles se las quitaron-, aunque no pueden ni detener ni interrogar a nadie sin avisar previamente a las autoridades del país; eso es lo que según Interior hicieron "por emisora y con avisos visuales y sonoros", un extremo que ayer negó el comisario de la Policía de Gibraltar, Louis Wink, quien insiste en que "nadie dio aviso de nada".
Sin embargo, para poder aplicar este caso extremo, España debería tener un acuerdo bilateral con el país en el que se interna en su expedición, y con el Reino Unido no hay nada de nada. Sólo se han firmado acuerdos con Francia (1995, hasta 50 kilómetros en el interior de los dos países sin límite horario) y Portugal (2002, dos horas de persecución sin límite espacial). El Gobierno de Londres -de un europeísmo poco entusiasta- no reconoce, además, el 80% del tratado, y se limita a intercambiar información con Europol.
Un país que se integre hoy en la UE debe firmarlo forzosamente, pero un país veterano, y más con el peso del Reino Unido, puede permitirse quedar al margen. Si los ingleses lo asumieran podría firmarse el acuerdo con España. Con él en la guantera, tanto los patrulleros de una orilla como de la otra tendrían más flexibilidad para perseguir las irregularidades con que se encuentren. Ya hay ejemplos de éxito: los golpes a ETA en suelo francés con intervención de Gendarmería, Guardia Civil y Policía Nacional, o la intensificación del cerco antidroga entre Huelva, Extremadura y Portugal.
Reclamación. En este punto incidió ayer la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC). Su secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado, reclamó un protocolo "fiable" que dé "estabilidad" a los agentes a la hora de actuar. "Ya ha habido muchos incidentes en los últimos meses y esto no ayuda. Sin un respaldo legal, no sabemos qué hacer. Es esas carreras hay continuos cambios de dirección y casi no sabes donde estás", se lamenta. Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, se mostró "satisfecho" con el cierre del incidente de la lancha e insistió en que "ha quedado resuelto".
