PEPE BARAHONA
"¿No deben los ciudadanos oponerse cuando sus jefes le dan mandatos ilegales contra las leyes, el orden público y los valores morales?" Gabriela Atala, de 24 años, es hondureña y, como muchos otros compatriotas, está a favor de Micheletti ante la convulsa situación que vive su país.
Desde el pasado 28 de junio, fecha del golpe de Estado que quitó del poder al ex presidente Manuel Zelaya, Gabriela -licenciada en derecho y casada con un sevillano- tiene la vista puesta en Honduras. Las revueltas que, de momento, se saldan con dos muertos, son entendidas por muchos hondureños como una oportunidad para acabar con el "ineficiente Gobierno de Zelaya".
No son pocas las voces que reclaman que la salida del ex presidente ha sido positiva para el pueblo hondureño. Su "amiguismo" con el presidente venezolano, Hugo Chávez, ha traído la desconfianza. Muchos hondureños ven cómo los discursos que denuncian que "la pobreza es culpa de los ricos" han incentivado la polarización y la diferencia de clases. "La solución no es un chavismo o un socialismo del siglo 21", reclama Gabriela, que también aclara que la destitución de Zelaya no puede ser vista como un golpe militar. La hondureña esgrime que "no hubo toma de poder por el estamento militar ni quebrantamiento del Estado de derecho".
Durante este tiempo, la comunidad internacional ha reclamado la restauración el Gobierno del depuesto Zelaya. La Asamblea General de la ONU aprobó, el pasado 30 de junio, una resolución en la que pide la "inmediata e incondicional" restitución del ex presidente. Mientras tanto, los países de la Alianza Bolivariana de la Américas (ALBA), acordaron aislar política, diplomática y comercialmente al nuevo Gobierno.
Ante esta comprometida situación para los partidarios de Micheletti, Gabriela pide a la comunidad internacional "que no condene al pueblo hondureño sin conocer objetivamente la realidad", y defiende la legitimidad de la toma de poder, citando de memoria el artículo 239 de la Carta Magna hondureña: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivo cargos, y quedarán inhabilitados para el ejercicio de toda función pública", esgrimió.
La salida se aventura lejana a pesar de la intermediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias (Premio Nobel de la Paz en 1987). Mientras, se espera que las posiciones entre Micheletti y Zelaya se suavicen. La solución que toma más fuerza podría ser un adelanto de las elecciones previstas para noviembre, una salida que convence a Micheletti. "Si Zelaya iba a dejar la Presidencia, ¿por qué no lo hace antes para alcanzar la paz?", se pregunta Gabriela, que añade que "la paz se hubiera alcanzado antes si la comunidad internacional no hubiera condenado el nuevo Gobierno".
En este punto también coincide la hondureña Yolany Alcántara, una estudiante que visita España dentro del programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos. "El mundo tiene una idea errónea", dice, y argumenta que "Zelaya ha llegado a cometer 18 violaciones de la Constitución". Yolany está convencida de que el intento de Zelaya de regresar a Honduras "generó más revueltas". La estudiante concluyó que "la paz llegó cuando se fue Zelaya" y que "el golpe militar fue la única salida posible".
En lo que hay consenso es en lamentar las revueltas. "Honduras es un pueblo pacífico, no es bonito estar rodeados por el Ejercito", reclama Gabriela, e insiste que "no se puede luchar contra el dinero y el despotismo de Chávez". Para finalizar cita al prócer mexicano Benito Juárez: "El respeto a los derechos ajenos es la paz". Que así sea.
