La conducción a excesiva velocidad está penada con cárcel (en aquellos casos en los que se supere en 60 kilómetros por vía urbana y en 80 por vía interurbana) desde el pasado 2 de diciembre de 2007. Una reforma legal que parece que los conductores se han aprendido y para la que ya han buscado fórmulas para eludirla. Eso es lo que parece que se desprende de las cifras recogida en la memoria anual de la Fiscalía, que alerta de la picaresca de los que se ponen al volante.
El documento señala que comparando el último trimestre de 2006 con el de 2007 "se han reducido en un 45%" los excesos de velocidad detectados por los radares fijos. Se da la circunstancia de que estos detectores están debidamente señalizados y visibles a los conductores. Por el contrario, los casos en los que el exceso de velocidad ha sido detectado por un radar móvil, que por tanto no está señalizado, se han incrementado en un 80%.
La lectura que hace el Ministerio Fiscal es que la reducción significativa de los casos detectados por los radares fijos "se puede deber al temor a la condena penal por el exceso de velocidad, pero no a una concienciación de su gravedad". La picaresca al volante que el fiscal delegado, Luis Carlos Rodríguez León, estima que puede ser la causante de, al menos, "el 60%" de la bajada registrada.
Por otro lado, la memoria de la Fiscalía también destaca que de los datos aportados por la Jefatura Provincial de Tráfico llama "poderosamente la atención" el aumento "considerable" de supuestos en los que no es posible identificar al conductor que ha sido registrado por un radar fijo conduciendo a una velocidad excesiva, lo que achaca al sistema de estos detectores. La fotografía que realizan los radares fijos, a diferencia de los móviles, sólo aporta la imagen de la parte trasera del vehículo sin que conste ni la fecha, ni la hora, ni el lugar, ni la velocidad detectada; sino que estos datos aparecen en la pantalla del operador, según explica el fiscal. Esto da lugar a "numerosos recursos", con lo que, una vez llegue el caso a los juzgados, "no es difícil suponer que dará lugar a numerosas resoluciones de sobreseimiento", ya que pese a que la ley dice que el titular del vehículo debe identificar al conductor, la Constitución otorga el derecho a no declarar contra sí mismo.
