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La píldora postcoital habría evitado 270.000 abortos

El uso de la píldora post coital, también conocida como del día después, habría evitado 270.000 abortos en los últimos seis años en España, lo que supone la mitad de las interrupciones voluntarias de embarazo que se produjeron en ese periodo si la prescripción de este anticonceptivo de urgencia fuera más accesible.

el 15 sep 2009 / 11:35 h.

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El uso de la píldora post coital, también conocida como del día después, habría evitado 270.000 abortos en los últimos seis años en España, lo que supone la mitad de las interrupciones voluntarias de embarazo que se produjeron en ese periodo si la prescripción de este anticonceptivo de urgencia fuera más accesible.

Así se desprende del último informe sobre la contracepción urgente en España elaborado por la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) que estima que un 18% de las diez millones de mujeres en edad fértil ha utilizado alguna vez la píldora postcoital.

Este método, autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que actualmente se comercializa por dos laboratorios, está indicado en aquellas circunstancias tras el coito que puedan derivar en riesgo de embarazo no deseado como una relación sexual sin protección de ningún método anticonceptivo, un fallo o un mal uso de los mismos.

Sin embargo, la presidenta de la FPFE, Isabel Serrano Fúster, considera que existen varios obstáculos para que la píldora del día después sea accesible para la mayoría de las mujeres, como la desigualdad que existe en la prestación de este tratamiento en las comunidades autónomas, su elevado precio (alrededor de 20 euros) y la objeción de conciencia a la que se acogen profesionales sanitarios.

En este sentido, Serrano destacó que "no existe ninguna prestación sanitaria salvo la referida a la salud sexual y reproductiva en la que se manifiesten tantas desigualdades en las comunidades autónomas".

Recordó que este anticonceptivo no está incluido en las prestaciones farmacéuticas del Sistema Nacional de Salud y que en ocho comunidades -Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Murcia y La Rioja- la usuaria tiene que costear todo el precio. Sólo en siete comunidades tienen una normativa al respecto.

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