La Mancomunidad del Bajo Guadalquivir finalmente se disolverá y liquidará y la plantilla, medio millar de trabajadores, se quedará en la calle. Finalmente no serán subrogados por los ayuntamientos por plantear problemas de legalidad y porque los consistorios no tienen capacidad para poder integrar a todos los trabajadores. Estas decisiones se acordaron ayer en la comisión de Gobierno de la Mancomunidad, que está integrada por 11 municipios de la provincia de Sevilla y de Cádiz.
En este encuentro también se decidió abonar a los trabajadores las cinco nóminas y la paga que se les adeuda, según informó el miembro del comité de empresa Francisco Javier González.
Según informaron fuentes cercanas a la entidad a Europa Press, la propuesta planteada por la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, la socialista María José Fernández, que evitó hacer declaraciones al respecto, al no haberse llegado a un acuerdo definitivo, el camino era proceder a la disolución de la entidad y analizar la situación en que quedaría la plantilla y el desarrollo de los cursos de formación que se están ejecutando.
Así, se decidió pedir una reunión con carácter "urgente" al consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, con el objetivo de que se implique en la resolución de la situación, así como a las diputaciones de Sevilla y Cádiz para procurar la negociación de anticipos extraordinarios para que los municipios puedan pagar las cuotas que adeudan a la Mancomunidad y que podría emplear para abonar las nóminas atrasadas a los trabajadores.
En este marco, sería la Mancomunidad la que tendría que aprobar en primera instancia su disolución en pleno, siendo a continuación ratificado en cada uno de los plenos de los municipios integrantes. Este pleno se prevé llevar a cabo cuando se hayan concretado las reuniones con las administraciones regional y provinciales.
Así, se apunta a que se pueda proceder a la disolución a partir del 1 de marzo, mientras que la propuesta pasa por prorrogar los cursos que están finalizando hasta mediados de marzo, aunque los de más largo plazo quedarían en "suspenso".
En este marco, las fuentes aseguraron que se ha llegado a esta "lamentable situación" como consecuencia de una "mala" gestión anterior, que ahora llevará a "dramas familiares", ya que hay unas 500 personas trabajando. Además, indicaron que el tener que abonar ahora las cuotas atrasadas será algo "muy complicado, teniendo en cuenta el difícil momento por el que se pasa en los ayuntamientos".
En cuanto a la sociedad instrumental Gesalquivir, el delegado de personal, Juan José Posada, explicó que la empresa va a entrar en preconcurso de acreedores, pero aclaró que sobre el pago de las nóminas que les adeudan a los 37 trabajadores no se ha decidido nada.
"Hay que tener mucha caradura y muy poco respeto para encima decir que no te van a pagar nada de las seis nóminas que nos deben", lamentaron a Europa Press fuentes sindicales, quienes recordaron que la situación de preconcurso "supone demorar nuestra agonía cuatro meses más y sin perspectiva de cobrar absolutamente nada".
Por su parte, los trabajadores de Gesalquivir han indicado que pedirán que se les dé la carta de despido para "no prolongar más esta agonía", porque, según manifestó Posada, hay muchas personas que no tienen ya recursos económicos para seguir adelantes y si van al paro podrán cobrar. De todos modos, para debatir sobre su situación y su futuro la plantilla de Gesalquivir tiene prevista una reunión.
