El comité de empresa del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha elevado al Parlamento Europeo una petición para que la institución aclare que la liberalización de servicios emprendida por esta sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense no responde a las "exigencias" del derecho comunitario, sino a una "opción política". Mientras el pleno del Ayuntamiento hispalense ha aprobado la modificación de reglamentos necesaria para la liberalización de los servicios de la lonja de pescado, el comité pide al Parlamento Europeo que zanje que el modelo de esta empresa "no afecta al derecho de la competencia europeo".
Como es sabido, la sociedad gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, promueve la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja de pescado, extremo que afecta a un centenar de los 198 miembros de la plantilla. Esta iniciativa parte de un informe elaborado por Luis Enrique Flores, secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los "requerimientos" de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió el 11 de agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado.
LA QUEJA DE LOS MAYORISTAS
Porque en junio de 2010, la directiva de la asociación de mayoristas de pescado de Mercasevilla elevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo un escrito sobre la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de abastos grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Estos gravámenes fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).
El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y concluyó que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado de Mercasevilla "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.
EL INFORME DEL SECRETARIO
Así, y merced a los "requerimientos", el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe jurídico que concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El comité de empresa, de su lado, defiende que no pesan resolución definitivas sobre este conflicto y que el mencionado informe fue elaborado expresamente para justificar esta operación.
Después de que el pleno del Ayuntamiento de Sevilla, socio mayoritario de esta sociedad, haya aprobado modificar los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla, el comité de empresa ha elevado al Parlamento Europeo un escrito dando cuenta de este conflicto. El escrito, canalizado a través del eurodiputado de IU Willy Meyer y recogido por Europa Press, expone que "este proyecto de privatización deriva de una opción política de quienes gestionan el Ayuntamiento", en este caso el PP, si bien la Administración local ha argumentado que todo responde a "una exigencia del derecho comunitario, que obliga a proteger el derecho de libertad de empresa y de libre competencia de los empresarios concesionarios".
AL MARGEN DE LAS "EXIGENCIAS" COMUNITARIAS
"La privatización del servicio no es por exigencias del derecho comunitario, sino por la opción política de los actuales gestores del Ayuntamiento", esgrime el comité de empresa. Para la plantilla, el servicio de Mercasevilla está regulado "por la legislación estatal" y "el derecho nacional en materia de lonjas, mercados públicos locales y prestación de servicios por las administraciones públicas no conculca el derecho comunitario". Por eso, el comité de empresa reclama al Parlamento comunitario que "clarifique que no son exigencias comunitarias las que obligan a privatizar el mercado de pescado de Mercasevilla".
"El modo de prestación del servicio que gestiona Mercasevilla no está regulado por el derecho comunitario europeo, ya que se trata de un servicio público y se presta a nivel local, sin que exista afectación del derecho de competencia entre estados, ni de competencia entre ciudadanos de varios estados miembros de la Unión Europea. Por tanto el derecho de la competencia emanado de la Unión Europea es inaplicable y la intención del Ayuntamiento y de los empresarios que participan en la actividad de Mercasevilla de proceder a alterar el modo en que se presta este servicio, porque el derecho comunitario europeo de la competencia lo exige, no es cierto", avisa el documento.
