El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se reunió el lunes in extremis con los representantes sindicales de la plantilla municipal, en pie de guerra por la intención del Consistorio de aplicar la jornada de 37,5 horas semanales impuesta por el Gobierno central a todos los funcionarios sin negociar calendarios laborales específicos para cada colectivo. Zoido les pidió, según los sindicatos, 15 días de plazo para estudiar fórmulas y los representantes de los trabajadores se los darán en un "gesto de buena voluntad" ante la postura "negociadora" del alcalde que contrastan con la "actitud impresentable" mantenida en las reuniones por el director de Recursos Humanos, José Antonio Carrasco, al que piden su dimisión.
Por eso, las manifestaciones diarias previstas esta semana y la próxima en la Plaza Nueva -y cualquier posible protesta hoy, durante el Día de Sevilla- han sido desconvocadas, pero mantienen la concentración de 24 horas del 11 de junio, cuando se cumple un año de la toma de posesión de Zoido como alcalde de Sevilla. Reclaman que la buena disposición del regidor se refleje en hechos.
CCOO, UGT, CSIF, el Sindicato de Bomberos (SPB) y el de Policías Municipales (Sppme) comparecieron ayer en un frente común contra la "imposición" de las 37,5 horas semanales sin atender a las peculiaridades de cada colectivo en cuanto a la distribución de su jornada. Solo la mitad de los 5.000 funcionarios municipales trabajan de 8 a 15 horas, y sumarían media hora diaria para cumplir la nueva jornada. El problema radica en los 2.700 trabajadores cuya jornada se distribuye en turnos rotatorios de mañana, tarde y noche, incluye festivos y fines de semana o están sujetos a las necesidades del servicio. "Esas jornadas tienen un valor y el Ayuntamiento ahora pretende que todo el mundo cobre lo mismo", subrayó Manuel Bustelo, del Sppme.
El presidente del comité de empresa, Manuel Loza (CCOO), y el secretario de la sección sindical de UGT, Santiago de los Reyes, denunciaron que el Ayuntamiento pretenda "disponer del tiempo de los trabajadores" libremente, manteniendo la jornada de 35 horas actual y creando "una especie de bolsa de horas" con el resto que les permita obligar a los empleados a prestarlas "cuando ellos quieran". Alegan que va "en contra de la conciliación" y supone usar la nueva jornada "para recortar retribuciones". Loza recuerda que el plan de ajuste municipal prevé ahorrar siete millones de euros anuales por este concepto, al eliminar los complementos retributivos y productividades con los que se compensan estas jornadas. "Es injusto que el ahorro se haga a costa de los trabajadores que no son los que han provocado la deuda", añadió.
En la reunión del lunes, el alcalde y los sindicatos fijaron una hoja de ruta para la negociación: dos mesas técnicas los días 4 y 8 de junio y dos meses generales los días 11 -fecha de la manifestación- y 12. Zoido se ha comprometido a volver a reunirse con ellos en dos semanas. El plazo apremia porque la nueva jornada laboral para todos los funcionarios entra en vigor el 15 de junio, con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Los sindicatos admiten que no da tiempo a negociar calendarios laborales para cada colectivo antes.
Saben que tienen que cumplir la ley pero proponen un periodo "transitorio" mientras se negocia. Una negociación en la que consideran "un problema" la intervención del director de Recursos Humanos.
