En su análisis sobre la situación económica de Tussam, la dirección de la empresa considera una de las explicaciones de la situación económica de la empresa el "fuerte peso de los gastos de personal". Éstos han subido en un 50% -de 40 a 60 millones entre 2002 y 2011-.
Ante esta situación se plantea más que una reducción de los costes, una política de contención para los próximos años que tiene como principal eje una reducción de la masa salarial de los más de 1.300 empleados de la plantilla: "Todos los trabajadores -recoge el plan- harán una aportación económica al plan de viabilidad consistente en una renuncia temporal a parte de sus retribuciones. En el año 2016 las retribuciones anuales quedarán restituidas en los importes vigentes en 2011, incrementados en el IPC anual de 2012 a 2015".
El plan plantea así un escenario de cuatro años de ajustes y un último, 2016, para la recuperación del poder adquisitivo que tiene una traducción distinta en el bolsillo de más de 1.300 trabajadores. Sin embargo, según se explicó ayer en el consejo de administración, y según aclararon fuentes municipales, no se trata de una reducción aplicable durante los cuatro años, sino únicamente durante dos ejercicios en los que las retribuciones caerán en un 5 % al año que empezará a contar cuando lo determinen unas negociaciones que llevan meses en marcha y que avanzarán en los próximos días. El objetivo es establecer este recorte salarial en el nuevo convenio colectivo que se negocia ahora.
La medida ha sido aceptada por los trabajadores de la empresa. Según explicó el secretario general de CCOO, Miguel Pereira, a Europa Press, se considera una "hoja de ruta por donde debe ir la empresa en los próximos años" que se valora positivamente. Aunque con dudas respecto a las cuentas que se plantean en el plan de saneamiento. "Hay un riesgo, porque hay cantidades que no son tangibles", aclaró Pereira.
El representante sindical ha dado cuenta de su apoyo virtual a esta medida, respaldo condicionado a "determinados flecos" en el desarrollo del convenio colectivo y aspectos como garantizar el empleo y la totalidad de los derechos de los trabajadores.
IU sí rechazó este planteamiento de rebaja salarial al entender que después de dos años de congelaciones, la plantilla sumará siete años con los sueldos condicionados por la situación de la empresa. Desde el grupo socialista, representado por Antonio Muñoz, también se pidió que el peso no recaiga sobre todo en los trabajadores.
