La plataforma 'Sevilla por su Puerto. Eurovía del Guadalquivir', formada por la patronal, los sindicatos y diferentes colegios profesionales, ha defendido este martes que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que anula las disposiciones del Plan Hidrológico del Guadalquivir relativas al dragado de profundización del río incide sólo sobre aspectos "de forma", asegurando que el proyecto del dragado de profundización, promovido por la Autoridad Portuaria, "sigue vivo".
Hablamos del proyecto de dragado de profundización del río que desde hace años promueve la Autoridad Portuaria, para permitir que barcos de mayor calado lleguen hasta el Puerto de Sevilla, un proyecto que cuenta con el rechazo de los agricultores del Bajo Guadalquivir, al temer los mismos que un hipotético incremento de la salinidad del agua del río afecte a sus cultivos.
El proyecto de dragado de profundización, en concreto, prevé ampliar el calado del río de 6,5 a ocho metros de profundidad y su diseño inicial fue desechado en la pasada legislatura por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, lo que obligó a la Autoridad Portuaria a reformular los términos del mismo.
El diseño de la actuación, así, ha sido replanificado para acometer una profundización de 85 centímetros en 2015 y 65 centímetros en 2016 y 2017, una fórmula gracias a la cual se esperaba conservar las subvenciones europeas cosechadas para el proyecto.
SENTENCIA DEL SUPREMO Mientras la iniciativa tan sólo esperaba la aprobación de su proyecto de protección de márgenes del río para dar pleno cumplimiento a la declaración de impacto ambiental (DIA) que desde 2003 regula este tipo de actuaciones en el Guadalquivir, una sentencia del Tribunal Supremo ha imprimido un serio giro al asunto.
La sentencia del Supremo, recogida por Europa Press, atiende un recurso de WWF-Adena y anula las disposiciones del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir que hacen referencia al dragado de profundización, una actuación que el Supremo considera no está "justificada" y que no puede ser concebida como una medida complementaria del mencionado plan. Según el Supremo, no se ha justificado de forma "específica" en el plan los motivos por los que se proyecta esa obra que "ocasionará modificaciones o alteraciones de las masas de agua, con el consiguiente deterioro y su repercusión sobre uno de los enclaves más protegidos de Europa, Doñana".
Y es que el Reglamento de Planificación Hidrológica exige que los motivos de las actuaciones se consignen y expliquen "específicamente" en el plan hidrológico, no con posterioridad al mismo, y tampoco a través de "motivaciones genéricas" sino con una "específica". También recoge la sentencia que medidas complementarias son las que conducen a conseguir los objetivos medioambientales previstos. Sin embargo, el dragado de profundización no pretende eso, sino que "persigue que puedan navegar por el canal embarcaciones de mayor calado, porque puede ser beneficioso desde el punto de vista económico".
"Esta obra, en definitiva, no es una medida complementaria. Se trata de una actuación que puede modificar las masas de agua y que precisa del correspondiente programa de medidas que tenga en cuenta los estudios realizados", recoge el Supremo.
"EL DRAGADO SIGUE VIVO" Ante esta sentencia, los representantes de los empresarios y de los sindicatos, integrados en la plataforma 'Sevilla por su Puerto', ha celebrado una rueda de prensa con la presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, al objeto de exponer su visión del citado fallo judicial y sus consecuencias. El mensaje, en ese sentido, ha sido claro, pues a juicio de los agentes sociales reunidos en esta plataforma "el dragado sigue vivo", extremo que han enfatizado todos los comparecientes en la rueda de prensa.
Frente los "titulares demoledores" sobre la resolución judicial, los miembros de la plataforma y la propia Carmen Castreño han defendido que la sentencia del Supremo alude "casi a un defecto de forma" respecto a la inclusión del proyecto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir. Dicho aspecto, según ha reconocido la presidenta del Puerto, "no se hizo correctamente", con lo que la sentencia "habla de justificar mejor el dragado dentro del Plan Hidrológico y de que debe incluirse en otro momento de la tramitación" del mencionado Plan Hidrológico.
"Esta sentencia va contra el Plan Hidrológico en relación al dragado de profundización, que se incluyó en un momento procesal (del Plan Hidrológico) que el tribunal considera no fue oportuno y cree además que el proyecto tiene que justificarse mejor, más ampliamente", ha dicho Castreño, quien junto a los miembros de la plataforma ha explicado que dado que el Plan Hidrológico del Guadalquivir está actualmente "en revisión", ahora "es el momento oportuno para hacerlo de nuevo, esta vez como dice el tribunal".
En ese sentido, Castreño, los líderes de los empresarios y los representantes de los sindicatos han advertido de que el 30 de noviembre de 2014, la Audiencia Nacional emitió una sentencia en la que, frente a un recurso de WWW-Adena, "declaraba la plena vigencia de la DIA de 2003, que es lo que nos debe guiar en esta obra". "El Tribunal Supremo no ha anulado el dragado", ha dicho Castreño, toda vez que según Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla, "no hay nadie que diga que si se cumple la DIA no se pueda hacer el dragado". "El proyecto saldrá adelante de una forma u otra", ha dicho Ginés, toda vez que Alfonso Vidán, por CCOO, ha defendido que la DIA de 2003 es el instrumento a "seguir" en el caso de este proyecto. "La DIA es la Ley que impera en este tema", han insistido.
EL DESTINO DE LOS FONDOS EUROPEOS La Autoridad Portuaria, de cualquier manera, prevé seguir su "hoja de ruta", que actualmente pasa por lograr la aprobación del proyecto de protección de márgenes del río Guadalquivir para comenzar a ejecutarlo con los 14 millones de euros de financiación europea con los que cuenta, dado que una vez ejecutado este proyecto de protección, el dragado de profundización cumpliría los once puntos de la DIA de 2003, según la plataforma y la presidenta del Puerto.
Carmen Castreño, en ese sentido, ha anunciado que "si el dragado no puede realizarse con los fondos europeos" con los que cuenta, unos 25 millones de euros, "vamos a intentar aprovechar esos fondos para otras obras necesarias en el Puerto de Sevilla", siempre que lo autorice Puertos del Estado. Al respecto, ha avisado de las consecuencias de todo este conflicto, porque Puertos del Estado, ante el cariz del asunto, estaría "presionando para llevarse los fondos a otro lado".
