La consejera de la Presidencia, Susana Díaz.
El anteproyecto de la ley de Transparencia, aprobado ayer en Consejo de Gobierno, pretende abrir en canal los archivos hasta ahora reservados de la Junta, los ayuntamientos, el Parlamento, los partidos políticos, las universidades y cualquier empresa, ONG, colegio u hospital que reciba subvenciones o sea adjudicatario de proyectos públicos. Todos estarán obligados por ley a entregar a los ciudadanos cualquier dato que requieran antes de 20 días. Desaparecerá de facto el silencio administrativo una figura jurídica en la que muchas administraciones se parapetan para no entregar datos públicos, y en su lugar cualquier andaluz podrá esgrimir su derecho a la información. Hay una prórroga de otros 20 días, en caso de que los datos solicitados sean complejos o la información sea extensa. Pero por lo general, si llegado el día 21 la administración o empresa no ha entregado al ciudadano la información que pide, éste podrá acudir a una nueva autoridad independiente que velará por el derecho de transparencia (será elegido por mayoría absoluta del Parlamento por un periodo de 5 años). El ciudadano interpondrá ante este órgano una queja, que tendrá el mismo efecto que un recurso de reposición (hasta ahora si la administración no facilitaba datos, era preciso acudir a los juzgados). La empresa o entidad que niegue información se expone a ser sancionada con hasta el 5% del importe del dinero público que reciba. Los ayuntamientos tendrán que grabar todos los plenos y permitir que cualquier vecino los grabe con su móvil. Las administraciones tendrán que informar de la relación de puestos de trabajo, con sus remuneraciones y los cargos de confianza. Los sindicatos dirán el número exacto de afiliados y de liberados, los hospitales el coste de las intervenciones y el tiempo de espera, los colegios concertados informarán de las cuotas que cobran a los padres de alumnos...
Esto, en síntesis, es lo que estipula el anteproyecto de una ley que, sin embargo, no empezará a funcionar antes de un año (septiembre de 2014). Además, la norma andaluza está condicionada a priori por la ley básica de Transparencia que tramita el Gobierno, que aún no está aprobada, y que podría limitar las expectativas de la ley regional.
La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, definió esta norma como la de mayor trascendencia que aprobará el Gobierno andaluz en toda la legislatura. Explicó que se ha quebrado la confianza de los ciudadanos en lo público, y que para recuperar esa confianza y frenar la desafección política, la Junta decidió precipitar esta ley, anticipándose a la estatal. Como ejemplo de esta voluntad de transparencia, antes incluso de que la norma sea una realidad, Díaz no tuvo ningún problema en contestar ayer a una pregunta que la prensa en concreto Manolo Becerro de El Mundo llevan meses haciéndole sin éxito a la Junta. ¿Cuántos exaltos cargos cobran cesantías? Díaz respondió que 60 desde que arrancó el mandato (un millón de euros de gasto).
Esta ley supondrá un cambio de actitud en la relación de los gobiernos con los ciudadanos. La información no es propiedad de la Administración, ese control depende de la ciudadanía, enfatizó Díaz. Sin embargo, el discurso oficial en defensa de la transparencia se estrelló contra el muro de la polémica subida opaca de salarios del Parlamento, rectificada la semana pasada cuando los medios lo hicieron público, pero que fue aprobada hace tres meses por los tres grupos (PP, PSOE e IU) sin que ninguno de ellos, ni la Cámara, explicase por qué aumentaron las dietas al presidente y a los portavoces adjuntos (por valor de 3.020 euros) en medio de una coyuntura económica tan adversa, con un 36,7% de paro y una oleada de recortes a los empleados públicos. Éste es el ejemplo más reciente de falta de transparencia que encontraron ayer los periodistas para cuestionar las pretensiones de la futura ley. ¿Evitará este tipo de cosas? ¿También serán sancionables? La respuesta es no. El Parlamento es un poder legislativo al margen del ejecutivo, lo cual le confiere una autonomía política que hay que respetar, dijo Díaz. La consejera repitió que fue un error subir los salarios, que nunca se debió tomar tal medida, y ante la persistencia de la prensa admitió que no ha hubo transparencia en esa decisión. Díaz pidió varias veces que el suceso no eclipse el propósito de una ley que permitirá saber cómo se usan los fondos públicos. Pero ningún periodista de ningún medio fue capaz de disociar el caso más reciente de falta de transparencia con el discurso que ofreció la Junta.
La Junta ha gastado un millón en cesantía para 60 ex altos cargos en dos años En los dos primeros años de legislatura, unos 60 ex altos cargos de la Junta han recibido indemnizaciones por cesantías, una retribución extra para los diputados que abandonan el cargo. En total la Junta ha gastado 1.090.000 euros, según datos de la Consejería de Hacienda. La titular de Presidencia, Susana Díaz, explicó que en este mes se han acogido siete exaltos cargos a esas cesantías, que en el pasado mes fueron doce y que en el próximo, serán dos. Hacienda no facilitó ayer los nombres de los exdiputados que cobraron este plus.
En la futura ley de transparencia se recogerá que la Junta de Andalucía tendrá que poner a disposición de la ciudadanía, a través del mecanismo de publicidad activa, los datos no sólo de las retribuciones de los altos cargos, sino también de las indemnizaciones que han percibido.
