Agentes de la Policía Judicial se personaron ayer por la mañana en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para pedir documentación sobre contratos de la etapa de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al frente de la institución. La Justicia busca vínculos entre la FEMP y la trama Gürtel.
En concreto, y según indicaron a Europa Press en fuentes de la FEMP, la Policía presentó un requerimiento para que se le prepare toda la documentación que conste del periodo 2000 a 2004.
Los documentos son reclamados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se ocupa de la ramificación madrileña de la operación Gürtel. Se estaría buscando, por tanto, información sobre los contratos firmados con la FEMP con empresas de la trama de Francisco Correa en esa etapa. Según se publicó en su día, una de esas empresas facturó casi 300.000 euros a la FEMP entre junio de 2000 y diciembre de 2003.
No obstante, según informó ayer la Cadena SER, Álvaro de la Cruz, número dos de Rita Barberá durante su mandato al frente de la Federación, adjudicó contratos a Special Events, una de las empresas de la trama de Francisco Correa, por un importe de 800.000 euros. Y fuentes de la FEMP aseguraron también a la SER que el montante de los contratos firmados por esta federación con Correa durante la gestión de Rita Barberá, podrían ascender a 1.300.000 euros.
Los policías se limitaron ayer a entregar el requerimiento judicial para que se les prepare la información, pero no se llevaron ningún papel. Además, dadas las fechas de agosto, la sede de la FEMP estaba ayer escasa de personal y la federación entregará "en los próximos días" toda la información requerida.
La FEMP conserva en sus archivos las facturas de estos trabajos pero no los contratos. "Intentamos buscar los soportes que gestionasen las facturas que encontramos, pero lo que no ha quedado ha sido ni un solo contrato, o al menos no lo han visto los técnicos de la FEMP. Quedan las facturas, pero no los contratos", explicó el actual presidente de la FEMP, el socialista Pedro Castro.
Por su parte, Barberá aseguró que el PSOE quiere ensuciar su nombre porque no le ha ganado en las urnas en 18 años y quiso dejar claro que "ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ni la Policía Judicial han pedido ningún documento de la FEMP" relacionado con su nombre.
