Foto: José Luis Montero
690 días. Es lo que ha durado la ocupación más mediática hasta el New York Times se fijó en ella que en estos casi dos años se ha convertido en un símbolo del movimiento antidesahucios y por el derecho a la vivienda.
La Policía desalojó ayer desde temprano, por orden judicial y de forma pacífica, a las 22 familias que quedaban en la conocida como Corrala Utopía, el bloque de la Avenida Juventudes Musicales en el que entraron inicialmente 36 familias el 16 de mayo de 2012. La amenaza de desalojo era firme desde que hace más de un mes la jueza ordenara su ejecución y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara la petición de las familias de paralizarlo. Pero se produce en un momento en el que Ibercaja (propietaria del inmueble) y la Consejería de Fomento y Vivienda negociaban una solución alternativa consistente en que la entidad ofreciera a las familias un alquiler social de un año en otros pisos de su propiedad mientras la Junta terminaba una promoción de VPO en construcción en San Bernardo.
La primera consecuencia del desalojo de ayer fue que 22 familias se quedaron en la calle. La segunda, que con el bloque de su propiedad vacío inmediatamente después de la Policía accedieron unos operarios a tapiar las puertas, quitas las pancartas de los balcones y pintar sobre los grafittis de las paredes Ibercaja comunicó a la Junta que retiraba su propuesta y dejaba la mesa de negociación.
El desalojo en sí en el que intervino un gran despliegue policial con más de una docena de furgones y el tráfico cortado desde la glorieta del Alamillo se produjo de forma pacífica. A las 8.15 horas de la mañana Manoli y Aguasantas, dos de las vecinas, dieron la voz de alarma al ver gran cantidad de agentes en las inmediaciones. Uno de los ocupas, enfermo del corazón, fue evacuado desde el primer momento en ambulancia. Las propias vecinas abrieron las puertas de sus pisos ante la llamada de los agentes y, a requerimiento de éstos, retiraron los enseres que aún guardaba, ya que la mayoría de los muebles se los llevaron cuando la jueza dictó el auto de ejecución del desalojo el pasado 25 de febrero. «Me han dicho que para ellos no era agradable, que al verme se les representaba su madre», explicó Manoli que, con 61 años, es una de las vecinas participantes en la ocupación desde el principio.
Entre lágrimas, nervios y llamadas a familiares para que se llevaran a los menores según la Policía, en el momento de entrar había 25 personas en el bloque, cinco de ellas menores, las vecinas reconocían que no se esperaban que se produjera el desalojo cuando desde la Junta y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu mediador en la negociación les indicaban que la solución estaría antes de Semana Santa. «No han esperado cinco días», lamentaba Toñi, otra de las vecinas presentes desde el principio cuyos padres, Ana y Pancho (el enfermo evacuado) ocupaban otro de los pisos que llegó a protagonizar una huelga de hambre. Eso sí, dejaron claro que seguirán con la lucha en la calle, y de hecho, rechazaron la oferta del Ayuntamiento para pasar la noche en el albergue municipal y montaron una acampada en Plaza Nueva. «Esta lucha de 23 meses tiene que servir para algo, la Corrala Utopía ha abierto los ojos a mucha gente sobre el problema de la vivienda», reivindicó Toñi subrayando el símbolo en el que se ha convertido esta ocupación. Manoli añadió su disposición a hacer piña con sus «compañeras para que nos den una solución. Yo no voy a estar dos años así para tirarlo a la basura».
La Policía desaloja la Corrala Utopía. Foto: José Luis Montero
De hecho, mientras se producía el desalojo y las familias sacaban sus cosas, un centenar de personas del grupo de apoyo a la Corrala Utopía se fue concentrando frente al edificio, fuertemente controlados por los policías, a quienes dirigieron cánticos como Ser policía, vergüenza me daría y gritos de «lo hacéis por el pan de vuestros hijos pero es que el pan se acaba». El intento de algunos manifestantes por cortar el tráfico de la avenida sentándose en la calzada provocó un forcejeo con los agentes en el que resultó detenido un joven por resistencia y agresión a la autoridad. Las familias se reunieron en asamblea para decidir qué hacían y finalmente emprendieron una marcha dirigida al Ayuntamiento, con amagos de cortar el Puente del Alamillo y custodiadas en todo momento por un fuerte cordón policial. A su paso por la calle Torneo, los coches comenzaron a tocar el claxon en señal de apoyo y también cosecharon aplausos al transitar por la Alameda, aunque la fuerte presencia policial asustó a algunos padres que fueron en busca de sus hijos a los parques de columpios del bulevar.
La marcha desembocó en la Catedral, donde los manifestantes protagonizaron un breve encierro que se saldó con un nuevo desalojo policial y un segundo detenido. Al cierre de esta edición, los detenidos se encontraban en dependencias policiales a la espera de pasar hoy a disposición judicial. De allí se fueron a la Plaza Nueva, donde se concentraron y convocaron una manifestación de apoyo a las 20.00 horas que resultó más numerosa que la de por la mañana en torno al inmueble. Las familias decidieron tras la protesta pasar la noche acampados frente al Ayuntamiento, si bien algunas personas mayores y enfermas aceptaron el ofrecimiento de su sede del sindicato CGT, no así los dispositivos municipales ofertados.
Y es que, si algo se palpaba ayer en el ambiente, tanto entre los ocupas como en la plataforma de apoyo, era la decepción con todas las administraciones públicas. El Ayuntamiento, pese a que con la Junta creó una Comisión bilateral para buscar alternativas y en respuesta al Tribunal de Estrasburgo aseguró al igual que la consejería que la protección de las familias en riesgo de exclusión estaba garantizada, dejó claro desde el primer momento que no iba a dar prioridad «a quien da la patada en la puerta» para acceder a sus VPO (en Nueva Amate hay casi 200 vacías algunas de las cuales fueron también ocupadas ilegalmente unos días). En este tiempo, tampoco ha accedido a restablecer los suministros de luz y agua en los pisos ocupados escudándose en que sin la licencia de primera ocupación no podía. Ayer, desde el Consistorio mantuvieron la misma postura y reiteraron su oferta de los recursos sociales municipales.
Pero quien sí ha mantenido hasta el final su implicación en el conflicto es la Junta, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, cuyos responsables hasta el viernes pasado estuvieron tranquilizando a las familias asegurándoles que no habría desalojo y que la solución con Ibercaja estaba cerca. Ayer por la mañana, nadie de la consejería ni de la delegación provincial acudió al lugar sí lo hizo el portavoz municipal de IU, José Manuel García, aunque sí contactaron con las familias por teléfono para asegurar que no había sido violento y se reunieron con ellas por la tarde.
La delegada provincial de Vivienda, Granada Santos, calificó el desalojo de «boicot» a la negociación abierta, culpando expresamente a la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, al señalar que «ha visto que podía concretarse la solución y la ha boicoteado». Santos acusó al Gobierno central de un «engaño premeditado» a las familias así como a la Junta y al propio Ayuntamiento «a los que había garantizado que el desalojo no se produciría mientras las administraciones buscaban una solución».
También el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, mostró su «sorpresa» por el desalojo ya que aseguró haber informado a la Delegación del Gobierno del principio de acuerdo que «estaba a punto de cerrarse» para que Ibercaja ofreciera a las familias un alquiler social en otros pisos «hasta que se hiciera cargo de las mismas, a 31 de octubre, la Consejería de Fomento y Vivienda», un acuerdo que «había pedido a las administraciones que dieran cuenta al juzgado del mismo».
Maeztu emitió a media tarde un comunicado en el que alertaba de que el desalojo era «un duro contratiempo a las labores de mediación» y al no estar garantizado el realojo transitorio «conlleva una grave puesta en peligro de los derechos de las familias en riesgo de exclusión y muy especialmente de los menores». Poco después, el temor de Maeztu se hacía realidad e Ibercaja comunicaba a la Junta que dejaba la negociación y retiraba su propuesta alternativa al ligar su colaboración en la búsqueda de soluciones a que no se produjera un desalojo que, paradójicamente, la jueza ordenó porque la entidad lo pidió tras denunciar la usurpación ilegal del edificio. La Junta cuestionó el «compromiso real» de Ibercaja en la búsqueda de soluciones.
A las puertas de la Semana Santa, los dos años de la Corrala Utopía bien podrían calificarse de viacrucis donde, por momentos, afectados y políticos han buscando más fotos simbólicas que salidas prácticas o confiado en demasía en que el foco mediático y el apoyo social a su causa les librara del peso de la ley.
