La Policía Autonómica ha culminado una investigación contra el urbanismo ilegal en Chiclana que se ha saldado con 18 personas imputadas. Se trata de la operación Canteruelas que ha descubierto una nueva trama dedicada a promover viviendas ilegales.
La actuación policial se inició a raíz de la denuncia de un particular al juzgado mixto número 2 de Chiclana, quien alegó que el inmueble que acababa de comprar no figuraba en el Registro de la Propiedad ni en las escrituras notariales. Además, el chalé adquirido se encuentra a más de 500 metros del que figura en los documentos que avalan la compra.
Esta demanda permitió fijar la atención de la Policía en la zona conocida como Pago de Canteruelas Viejas, donde se ha modificado la antigüedad de las construcciones de una parcela de 700 metros cuadrados. El modus operandi consiste, como en la operación Obra Nueva desarrollada en la misma localidad, en la elaboración de un certificado fraudulento que acreditaba que estas viviendas superaban los cuatro años necesarios para que prescriban las infracciones urbanísticas. El documento, en este caso, avala que estas construcciones tenían cinco años de antigüedad.
Las primeras pesquisas determinaron que los cuatro chalés ubicados en la actualidad en esa parcela ni siquiera existían por aquel entonces. De hecho, la Policía cuenta con una fotografía aérea del año 2005 en el que esos terrenos están sin construir. "Nosotros vemos en estas imágenes que hace cinco años no había ninguna construcción. Tenemos una foto de hace tres en la que se ve que esos suelos están totalmente vacíos. Es una zona baldía y agrícola", señaló Álvaro de Ory, el jefe de Ordenación del Territorio de la Policía Autonómica en Cádiz.
La operación, que se ha desarrollado durante el último año, se centró en su fase inicial en los compradores que, según la Policía, "se ha visto que tenían connivencia con los promotores" y se saldó con siete imputados, los propietarios de los inmuebles, que en algunos casos aún ni siquiera existen. "Estamos en un suelo indivisible. Pero en este caso lo dividieron en siete departamentos, no en propiedades reales, sino cuotas porcentuales de propiedad, que posteriormente, las venden", explicó Ory.
La segunda parte de esta actuación implicó en el caso a otras once personas, entre promotores, gestores inmobiliarios, arquitectos, peritos tasadores y un abogado. Se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, estafa y falsedad documental. El juzgado investiga el papel que jugaron las entidades bancarias.
