A medida que crece el número de jornaleros detenidos y puestos en libertad con cargos por el asalto a los dos supermercados de Écija y Arcos de la Frontera -ayer sumaban ya siete- el impacto mediático nacional e internacional de ese robo de alimentos traducido en "acto simbólico de protesta contra la pobreza" va en aumento. Tal es así, que su principal ideólogo, el parlamentario de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, sopesaba ayer si acudir o no a la citación judicial que recibió por la mañana en el ayuntamiento de su pueblo, exponiéndose a que la Policía salga a buscarle y le lleve ante el juez.
Gordillo no puede ser detenido -pese al anuncio que hizo el ministro del Interior - porque es diputado autonómico y su condición de aforado, de momento, le protege. Dicho esto, el carismático alcalde no ha dejado de fantasear con la idea de que le arresten y tenga que entrar en prisión, en cuyo caso lo hará "orgulloso por una causa como ésta". La citación judicial que la Policía depositó en el Ayuntamiento de Marinaleda le obliga, como a cualquier ciudadano, a personarse en el juzgado que investiga el asalto al Mercadona de Écija. Pero Gordillo explicó que primero va a estudiar con sus compañeros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) si acata esa orden. Si no lo hace, el titular del juzgado de primera instancia número 1 de Écija, que instruye el caso, ordenará a la Guardia Civil que le traigan ante él, y esa escena seguramente tendrá más resonancia en los medios que si el alcalde se persona ante el juez voluntariamente.
La cobertura mediática que ha logrado Gordillo y el líder del SAT, Diego Cañamero, con esta movilización les está haciendo fuertes, hasta el punto de que el parlamentario ya anunciaba ayer que están preparando asaltos a bancos "de manera pacífica". "¡Que se preparen!", dijo mientras era desalojado junto al resto de jornaleros de la finca de Las Turquillas , después de 18 días ocupando estas tierras propiedad del Ministerio de Defensa para denunciar que haya parcelas improductivas. "¡Entraremos en los bancos, que son responsables de esta crisis y nos encerraremos. Cuando llegue la Policía saldremos en paz", dijo.
El pasado martes, un centenar de jornaleros, adscritos al SAT, entró a un Mercadona de Écija y a un Carrefour de Arcos de la Frontera y salieron con una decena de carros llenos aceite, sal, lecha, azúcar, legumbres... En Écija, la acción estaba coordinada desde el exterior por Gordillo, megáfono en mano, y en Arcos, por Cañamero, que negoció con los responsables de Carrefour para que el supermercado donase los alimentos extraídos a ONG. Por esta razón, los detenidos por ahora sólo pertenecen al asalto al Mercadona. El establecimiento interpuso una denuncia por la agresión que sufrieron tres cajeras cuando los asaltantes salían por la puerta con los carros robados (se produjo un forcejeo y varios empujones). Los siete primeros detenidos estuvieron allí. A todos les imputan los mismos cargos: robo con violencia, coacciones, desorden público y una orden de alejamiento de 300 metros del centro comercial. Todos han rehuido declarar ante el juez y la Policía. Por el delito de robo con violencia se exponen, según el Código Penal, a entre dos y cinco años de cárcel. Por desorden público y daños a la propiedad, una multa y dos días de arresto domiciliario. La abogada que lleva el caso de los cuatro detenidos en Sevilla, Irene Lara, se prepara para que en los próximos días aumente el número de arrestos. "Primero han cogido a los que identificaron con el DNI en el asalto de Mercadona, ahora empezarán a citar a los que reconozcan por las imágenes de televisión y por fotos. En Carrefour, al existir un acuerdo previo para sacar los alimentos, no espero que haya arrestos", explicó ayer. En el último caso que llevó Lara, abogada penal del SAT, representó a 39 jornaleros que cortaron las vías del AVE en Córdoba. La sentencia se quedó en una simple multa.
Entre los siete detenidos está el secretario general del SAT en Jaén, Andrés Bódalo, que ayer se personó voluntariamente en comisaría, y otros dos compañeros jiennenses, Francisco Moreno y Francisco Jiménez. Néstor Salvador y José Caballero, secretario de organización del SAT, fueron puestos en libertad con cargos en Sevilla. Los dos primeros arrestos se produjeron en Hornachuelos (Córdoba) y Cuevas de San Marcos (Málaga).
PSOE y PP han censurado la acción de Gordillo. Los populares quieren que el Parlamento le repruebe. En IU ha habido una reacción dispar. Sus compañeros en Andalucía han sido más críticos con él que en el norte de España. Gaspar Llamazares le ha calificado como Robin Hood, igual que parte de la prensa extranjera.
