La Policía interroga a 3.000 alumnos de los cursos de formación irregulares

Se preguntará igualmente a profesores y demás personas que pudieran arrojar luz a las pesquisas de este caso de fraude.

el 06 oct 2014 / 19:27 h.

Clase en un curso de formación. Clase en un curso de formación. Efectivos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)  de la Policía Nacional interrogan desde este lunes a "alrededor de  3.000 personas" en distintas provincias andaluzas en el marco de la  investigación de la 'operación Edu', sobre el presunto fraude en las  subvenciones para cursos de formación para desempleados concedidas  por la Junta de Andalucía. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la  investigación, que indican que sólo en la provincia de Cádiz se  tomará testimonio a "unas 400 personas". Se trata de alumnos,  profesores y de personas que podrían arrojar luz a las pesquisas. Cabe recordar que juzgados de todas las provincias andaluzas  investigan el caso de las supuestas irregularidades en el uso de  subvenciones en cursos de formación para desempleados financiados por  la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo con la investigación  desarrollada al respecto por la UDEF. Las pesquisas se centraron inicialmente en Málaga, donde la UDEF  detectó desde 2010 irregularidades en 17 de las 20 empresas o  personas físicas beneficiarias de las subvenciones, estimando la  Fiscalía que existen indicios de responsabilidad penal por presunto  fraude, falsedad documental, prevaricación y tráfico de influencias. Los investigadores indicaban que "en la mayor parte de los  beneficiarios de las citadas subvenciones se producen graves  incumplimientos en los requisitos que la legislación sobre  subvenciones establece". Otras irregularidades serían "la práctica de  caza de subvenciones" por parte de algunas empresas y la falta de  solvencia y experiencia en las entidades. La UDEF realizó un informe ampliatorio que apuntaba a presuntas  irregularidades similares y que "han beneficiado a determinadas  personas" en otras provincias andaluzas, significándose el caso de  Almería. Las investigaciones realizadas distinguen presuntos ilícitos  cometidos por los beneficiarios de las ayudas, "tales como falsedad  en la presentación de documentos, así como en la acreditación de la  asistencia a los cursos, suplantación de la personalidad de tutores o  de gastos supuestamente producidos". Asimismo, se refiere a posibles "irregularidades en el  otorgamiento y control de las subvenciones", apuntando a "falta de  capacitación de ciertas entidades para la formación profesional,  incumplimiento generalizado del compromiso de contratación o absoluta  falta de control de la ejecución de los citados cursos".

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