El que fuera gerente del Plan Bahía Competitiva de Cádiz hasta hace cuatro meses, Antonio Perales, acudió el pasado miércoles a la Jefatura Superior de Policía en Sevilla donde fue interrogado sobre el fraude de las ayudas públicas asociadas a dicho plan, cuyo objeto era atraer empleo industrial y productividad a la bahía gaditana. El empresario gallego Alejandro Manuel Dávila Oubiña fue arrestado hace un mes como supuesto responsable de haber defraudado ayudas del Ministerio de Industria por valor de 22 millones de euros. El caso obligó a dimitir a Perales que, como gerente del Plan Bahía Competitiva, fue quien le concedió esas ayudas que no cumplieron los requisitos para las que fueron otorgadas en su momento.
Fuentes policiales confirmaron ayer que Perales, hermano del histórico dirigente socialista Alfonso Perales (ya fallecido), fue llamado a declarar durante dos horas. Previsiblemente el juez le imputará cargos relacionados con el fraude, aunque por ahora, ni Perales ni su sobrina Ofelia, que también fue interrogada por la Policía en relación al mismo delito, están imputados. Ofelia Perales, de 29 años, hija del exconsejero de Gobernación, trabajaba en una de las tres empresas de Dávila Oubiña ubicadas en Andalucía (Soluciones Tecnológicas Ambientales), y que se encuentran en el foco de la investigación
El exgerente del Plan Bahía quiso aclarar ayer en un comunicado que la Policía le había llamado para "aportar información" sobre su "labor profesional", pero que en ningún momento le atribuyeron una "actuación ilícita o irregular" ni fue "privado de libertad". La secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz, eludió responder ayer sobre la supuesta implicación de Perales en el fraude, limitándose a pedir "celeridad" a la Justicia y recordar que fue la Junta la primera en detectar el fraude cometido por algunas empresas vinculadas al Plan Bahía de Cádiz. La Junta dio parte al Ministerio de Industria, que denunció el caso a finales del pasado marzo ante la Fiscalía de Asuntos Económicos de Sevilla y el Banco de España.
El Gobierno andaluz aceptó la dimisión de Perales el pasado verano, aprovechando que el Plan Bahía Competitiva se integraba en la agencia IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, como parte del proceso de reforma del sector público. Sin embargo, el plan de inversiones, cuyo objeto era atraer industria a la bahía, arrastraba críticas por sus malos resultados, y la investigación sobre el fraude de las ayudas públicas terminó por dinamitar la confianza puesta en el responsable del proyecto. El mes pasado, la Policía arrestó a Dávila Oubiña en Galicia. Tres de sus empresas en Andalucía habían recibido subvenciones bajo sospecha del plan Bahía Competitiva: Cádiz Solar Center, Soluciones Tecnológicas Ambientales y Aquandalucía. El empresario gallego gestionó directamente las dos últimas y otros 17 negocios en la comunidad. Perales dimitió al verse salpicado por él, y se presentó como víctima del empresario. "Asumo mi responsabilidad por fiarme de una golfería de empresa", dijo entonces. En su nota, ayer, destacó que ha "estado trabajando los últimos 27 años en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), guiado siempre por el cumplimiento estricto de sus obligaciones".
Los partidos de la oposición, PP e IU, exigieron ayer que se convoque un pleno extraordinario en el Parlamento para "esclarecer la trama de corrupción socialista".
