La Delegación de Salud de la Junta trasladará mañana al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada los resultados obtenidos tras el requerimiento judicial para la vacunación forzosa de 35 menores a fin de frenar el brote de sarampión detectado a principios de mes en un colegio de la capital. La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, advirtió ayer de que el siguiente paso para los 15 menores que aún quedan por vacunar "será la llegada de la autoridad policial a los domicilios de los pacientes preguntando por los padres o haciendo ese requerimiento".
Después de que la Consejería avisara en varias ocasiones sin éxito a los padres de los niños para inmunizarlos, ayer concluyó el plazo que Salud se dio para que los 35 padres obligados a vacunar a sus hijos cumplieran el requerimiento judicial de notificar su situación.
En el caso de que una familia sea reticente a la vacunación, Montero admitió "que las autoridades judiciales se auxilien por las fuerzas de seguridad y, por tanto, hagan llegar esas notificaciones a las familias, comunicándoles las consecuencias que tiene el no cumplir esos requerimientos judiciales".
El lunes explicó la consejera que, de las 35 familias que se negaron a vacunarse, 20 han presentado ya la cartilla correspondiente que así lo confirma, han demostrado a través de una analítica que ya habían pasado con anterioridad la enfermedad o finalmente han accedido a la vacunación.
Fuentes de la Delegación Provincial de Salud en Granada consultadas por Europa Press señalaron que tienen previsto trasladar hoy al Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Granada toda la información al respecto, para que, si lo considera oportuno, tome otras medidas, dada la elevada contagiosidad de la enfermedad, que afecta ya en Granada a un total de 51 personas, entre ellas un adulto y un bebé que permanecen aún ingresados en un hospital.
