I. Comesaña / D. Cela
La Policía ha logrado llegar hasta las dos familias que se enfrentaron en marzo en el Polígono Sur en un tiroteo en el que murió un joven de un disparo en la cabeza. Ambos bandos huyeron del barrio: dos personas fueron detenidas en Madrid hace 10 días y otras cuatro, de la familia rival, ayer en el descampado donde se refugian 300 personas.
Mientras estas 35 familias chabolistas -los caracoleños, entre los que hay un centenar de menores- siguen viviendo al raso hace mes y medio sin que se hayan adoptado soluciones ni siquiera para los críos, la Policía ha logrado cercar a quienes crearon la situación de inseguridad que el martes desembocó en otro tiroteo entre el clan del fallecido y los caracoleños. Por este nuevo incidente, sin heridos, fueron detenidos el padre del chaval muerto y tres de sus hermanos, que ayer quedaron en libertad con cargos. Habían amenazado de muerte a cualquiera de las dos familias implicadas en el tiroteo que volviera al barrio.
Un amplio despliegue policial, dirigido por el grupo de Homicidios de la Policía con respaldo de los Grupos de Operaciones Especiales, Caballería, perros adiestrados, Policía Local y Autonómica, llegó a las siete de la mañana a las chabolas en busca del matrimonio formado por Sergio J.N. y Ana P.N., de 59 y 57 años; su hijo Jesús J.P., de 30, y Antonio J.V., de 32 años, al que se le ha incautado la escopeta. También se han recuperado armas blancas. Aunque hubo momentos de tensión, al ser tan temprano todos estaban dormidos y no se resistieron.
La gran cantidad de agentes hizo que algunos caracoleños huidos del Polígono Sur cargaran sus enseres en furgonetas para irse, creyendo que iban a tirar sus chabolas. Horas después regresaban al comprobar que la operación policial había concluido y sus chozas permanecían en pie.
Homicidios también había detenido hace ya 10 días, aunque no informó de ello, a dos personas relacionadas con la otra familia implicada en el tiroteo mortal, Manuela V.M. y Domingo P.V., de la familia de los Dominguín. La Jefatura de Policía confirmó ayer los seis arrestos pero advirtió de que la operación continúa abierta y se esperan nuevas detenciones, porque las ramificaciones del primer tiroteo son muy amplias. Estas fuentes destacaron que la huida a otras provincias de los afectados, por miedo a represalias, dificulta la investigación.
Mientras tanto, el enfrentamiento entre las familias huidas y las que siguen en el Polígono Sur no ha decrecido. El juez dejó ayer en libertad con cargos al padre y a tres tíos del joven fallecido. Les imputan un delito de tentativa de homicidio, porque supuestamente, el martes pasado, dispararon contra la furgoneta de uno de los chabolistas que intentó regresar al barrio. Un policía que patrullaba por las Tres Mil les arrestó allí, después de que la víctima les denunciara. Los cuatro acusados tendrán que volver a testificar cuando el juez reciba los resultados de las pruebas de parafina, un reactivo que se les ha aplicado a las manos para ver si estuvieron en contacto con la pólvora el martes, día del tiroteo.
Aunque la actuación policial es independiente de la social, que corresponde a la Junta, la conflictividad de algunos y su cercanía a los ambientes delictivos son el principal escollo para solucionar el problema. La intervención social busca alejar del abandono a las familias chabolistas, en especial a los niños que estaban escolarizados y que salieron de sus colegios de las Tres Mil hace mes y medio (95 según Educación, 68 según el Comisionado). La Delegación de Educación remitió a la Fiscalía un informe con los nombres de los 95 niños, aunque el Ministerio Fiscal asegura no haber recibido aún el dossier porque "lo han enviado por correo ordinario". La Junta y el Ayuntamiento dicen estar trabajando en una solución integral, mirando sobre todo por los menores que estaban logrando adaptarse a la escuela. El Comisionado y los colegios en los que estaban han reconocido que no pueden regresar a las Tres Mil, porque nadie puede garantizar la seguridad de los alumnos.
Entretanto, la Junta aprovechó ayer para derribar 11 chabolas de una zona próxima que ocupada otro grupo de chabolistas. Sobre este poblado había una orden judicial de derribo desde hacía año y medio porque impedían las obras de una plataforma para el transporte público que conectará el Aljarafe con la capital. Después de que les tiraran sus chabolas, el medio centenar de desalojados recogió el material derribado y comenzó a construir nuevas infraviviendas a pocos metros de las antiguas. Los chabolistas de las Tres Mil les ayudaron a montarlas, mientras sus niños jugaban descalzos con las maderas repletas de clavos oxidados.