La Policía Judicial requisó este jueves los ordenadores del edil de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tomares gobernado por el PP, Juan Campos, y de un trabajador de esa delegación en el marco de la investigación abierta por presuntas irregularidades en los pagos a Campos cuando aún no era concejal por realizar informes medioambientales que, según denunció la oposición a la Fiscalía, constaban de tres o cuatro líneas y en algunos casos fueron realizados a posteriori de su facturación. La Fiscalía abrió diligencias tras la denuncia impuesta por PA e IU por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos contra Campos, el concejal de Presidencia, Eloy Carmona, y la edil Mercedes Fuentes. Su denuncia fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla cuya titular citó a declarar en calidad de imputados a los tres ediles el pasado 11 de diciembre, mientras que el día 20 declararon como testigos varios funcionarios y trabajadores municipales de las áreas de Medio Ambiente y Vía Pública, según trascendió este jueves a raíz de la operación policial, que se saldó sin detenidos.
El Ayuntamiento de Tomares, que dirige el también secretario general del PP andaluz José Luis Sanz que llegó a sonar como firme candidato a liderar el partido hasta que el presidente Mariano Rajoy pospuso el relevo de Juan Ignacio Zoido y surgieron otros nombres posibles, dejó claro que lo de este jueves no fue un registro sino que los agentes se personaron con un requerimiento judicial para llevarse ambos ordenadores y documentación relativa a los contratos que, según el Consistorio, ya había sido solicitada y entregada al juzgado.
En una nota, Sanz mostró su sorpresa por haber conocido la presencia de la comisión judicial en el Ayuntamiento por la prensa y no como sería normal, mediante un requerimiento o notificación alguna por parte de la Justicia y por que parte de la información que han venido a solicitar ya le había sido entregada en dos ocasiones. De hecho, hoy [por este jueves] se han llevado originales de documentos que ya se les había facilitado con anterioridad y han requisado dos ordenadores, uno del actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, y del contratado de Medio Ambiente, Juan David Bretones, que de haberlos solicitado el juzgado se les habría facilitado con la misma rapidez que los documentos anteriores, ya que este equipo de Gobierno no tiene nada que ocultar y actúa siempre con absoluta transparencia, añade la nota.
Con todo, cuando llegó la Policía, el alcalde ordenó la plena colaboración con ésta y defendió a través de la nota que es el primer interesado que todo se aclare cuanto antes. El Ayuntamiento defiende que todos los contratos fueron realizados legalmente y atribuye la denuncia de la oposición a una práctica deleznable de hacer política buscando única y exclusivamente la repercusión mediática y el daño político sin ningún tipo de escrúpulos ni limitaciones democráticas.
Según la denuncia de la oposición, Juan Campos cobró entre octubre de 2007 y octubre de 2009 un total de 50.000 euros a razón de entre 975 y 150 euros por cada informe de especial complejidad sobre los servicios de limpieza y trabajos propios del área de Vía Pública y Obras. Campos iba en la lista electoral del PP en los comicios municipales de 2007 en los que el partido logró la Alcaldía pero con un número de concejales que le dejó fuera del Gobierno por el puesto en el que iba. Según la oposición, fue contratado para realizar esos informes de octubre de 2007 a octubre de 2008 sin el preceptivo informe fiscalizador y siguió cobrando hasta octubre de 2009. La oposición pidió reiteradamente sus trabajos al Ayuntamiento y tras la denuncia pública les fueron entregados. Según el PA, en algunos casos eran informes de apenas dos hojas o estaban duplicados y algunas fechas no coincidían con la de las facturas emitidas. Todo ello fue remitido a la Fiscalía, que abrió diligencias y presentó una denuncia por presunta malversación y prevaricación contra los tres ediles, a los que la jueza ha imputado.
Hay otras denuncias de la oposición contra el Gobierno municipal de Tomares, sobre las que la Fiscalía aún no se ha pronunciado, sobre abultadas facturas de comidas que incluían copas y puros con cargo a las arcas públicas y que el alcalde justificó como gastos de protocolo y a once contratos laborales de personas vinculadas al PP sin el procedimiento adecuado. Esta última la lleva el juzgado de Mercedes Alaya, que pidió informes al fiscal. El alcalde ha convocado hoy a los grupos de la oposición para informarles de la actuación policial de este jueves.
