Las protestas convocadas por el sindicato profesional de Policía Sppme durante la Vuelta a España no tuvieron incidencia alguna en la celebración de la prueba, pero han desembocado en un conflicto abierto entre el cuerpo Nacional de Policía y los miembros del sindicato mayoritario entre los agentes municipales. Los hechos se remontan al pasado sábado, antes del inicio de la competición. Un grupo de policías nacionales, que controlaron a los municipales durante todo su recorrido, requisaron la cámara de uno de los agentes al entender que estaba grabando las caras de los nacionales, hecho que el denunciado niega. A partir de ahí, se produjo una discusión que ha desembocado en una denuncia por una falta contra el orden público y en una citación judicial.
En su relato de los hechos, el Sppme y el propio agente implicado denuncian una actuación "desproporcionada" de la Policía Nacional y amenazan con emprender acciones legales para defenderse de estas acusaciones. Según los policías locales, se habían citado en la puerta del sindicato sólo para acudir a la Vuelta de España, en una cita con carácter lúdico que "no era una manifestación". A su alrededor se encontraron un "despliegue desproporcionado" de la Policía Nacional. En ese momento, uno de los agentes, el denunciado, empezó a grabar la celebración con una cámara "personal" y para un "uso interno" -"en ningún momento les grababa a ellos, o iba a difundir las imágenes", resumía ayer-. Al ser detectado por la Policía Nacional, un agente le reprochó que tomara imágenes de ellos y le requisó la cámara, una medida contra la que él protestó hasta que se la devolvieron aunque se quedaron con la cinta. Luego, no hubo más altercados.
El relato cambia sensiblemente según la propia denuncia de la Policía Nacional remitida ayer al Sppme y según fuentes del Cuerpo Nacional. En este caso se señala que el agente formaba parte de una concentración no autorizada organizada por el sindicato Sppme y que, en un momento de la protesta, el denunciado empezó a grabar a los agentes de la Policía que se encontraban en un sitio sin nada alrededor. Éstos le solicitaron la cámara y, siempre según este relato, recibieron una airada respuesta del agente que les advirtió de que no podían quitarle la cámara con un tono que el Policía percibió amenazante. Ante esta situación, el municipal fue identificado, y se le retiró la cámara. Después se le devolvió, aunque la cinta se encuentra en manos del juez, que ya ha citado a las partes para diciembre.
La actuación de la Policía Nacional se basa así tanto en el contexto en el que se produjo la intervención, una concentración no autorizada -como fue el caso de la celebrada en el rodaje de Knight & Day por la que se abrió una investigación-, como en varias sentencias que avalan que los agentes no pueden ser grabados. Una de las más recientes, en Burgos, daba la razón a un policía local frente a un ciudadano que le denunció por retirarle la cámara: "La actuación de fotografiar a los agentes locales que actuaban a cara descubierta no tiene amparo legal".
Para el Sppme y el agente denunciado no sólo no hay base para la denuncia de la Policía Nacional sino que hay fundamentos para iniciar un proceso judicial por haber requisado la cámara. "No hemos difundido por ningún sitio las imágenes, ni lo íbamos a hacer porque nadie les grababa a ellos. Es un vídeo privado en el que hay imágenes de mi familia, de mis hijos y del sindicato. Y si me citan en diciembre, demostraré que esto no tiene ningún sentido". No hubo más altercados ni denuncias.
