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La Policía no halla delitos en el consejo y la ejecutiva del Mercasevilla

La Policía Judicial desvincula de las irregularidades del concurso a los cargos políticos de Mercasevilla, y señala a Mellet y a Castaño como los responsables.

el 26 nov 2009 / 19:10 h.

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La juez que investiga el caso Mercasevilla ya tiene sobre su mesa un informe de la Policía Judicial sobre las supuestas irregularidades en el concurso público para la venta del suelo del mercado central, que fue adjudicado a la constructora Sando. El documento, de 66 folios, es tajante en sus conclusiones, pues deja muy claro que el pliego de condiciones, "aunque viene avalado por diferentes técnicos, en realidad oculta una especie de adjudicación directa a favor de la empresa Sanma (filial de Sando)" y desvincula a todos los cargos políticos, entre ellos al concejal Antonio Rodrigo Torrijos, de estas "arbitrariedades".

El informe, firmado el pasado 11 de noviembre, llega a la conclusión de que la aprobación del pliego de condiciones por parte de la Comisión Ejecutiva, el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas de la empresa "constituye, como poco, una conducta desarreglada, arbitraria de la administración y de sus servidores que vulnera el principio de una conducta objetiva al servicio del interés general". Sin embargo, ajustándose al Código Penal, todos estos cargos pueden considerarse como funcionarios públicos y, como tales, para imputarles una conducta injusta o arbitraria es necesario demostrar "la intención deliberada".

En este caso, el informe asegura que "no se ha podido determinar el verdadero conocimiento de los miembros, tanto de la Comisión Ejecutiva como del Consejo de Administración tenían acerca de esta posible irregularidad", después de las investigaciones realizadas, que han incluido las declaraciones de toda la Comisión Ejecutiva.

Sin embargo, y pese a que "no se ha podido determinar la verdadera autora de las cláusulas que componían el pliego de condiciones de Mercasevilla" (sobre las que la juez dirige su investigación), la Policía afirma que "parece evidente el conocimiento pleno de esta arbitrariedad por parte de Domingo Enrique Castaño" (entonces consejero de la entidad y director de Vía Pública), los técnicos imputados y "probablemente" el ex vicesecretario Jorge Piñero. Aunque al que considera como "el gran artífice de todo este asunto" es al ex director general Fernando Mellet y a "sus colaboradores: Daniel Ponce y Regla Pereira", adjunto y secretaria de Mellet, quienes no están imputados en esta causa, sino en la que se abrió para averiguar el presunto intento de cobro de comisiones ilegales a dos empresarios a cambio de gestionar la Escuela de Hostelería.

Además de Mellet, la Policía marca como cerebro de esta operación a Castaño, de quien destaca que "es significativo que tras su cese [tras destaparse el escándalo de las facturas duplicadas de Unidad] en el Ayuntamiento de Sevilla y, por tanto en Mercasevilla, para pasar a formar parte de la plantilla de Sando", curiosamente la empresa que finalmente logró la adjudicación del concurso, pese a que Noga "ofrecía 25 millones de euros más por la adquisición del derecho de opción a compra y 53 millones de euros más por el precio final".

Sobre el ex consejero de Mercasevilla, que también fue asesor del grupo municipal del PSOE, el informe también recuerda que en 2005 Sando se puso en contacto con la empresa pública "a través del área de Vía Pública del Ayuntamiento, dirigida en ese momento por Castaño, quien está citado a declarar como imputado en esta causa el próximo 17 de diciembre y el próximo viernes tendrá que hacerlo por su implicación en el caso Unidad.

El informe también entra en la situación económica de la empresa, "deficitaria por definición", con una plantilla "diez veces superior a la necesaria" y cuyo mantenimiento "podría tener su explicación en la presión que ejercen los sindicatos y los partidos políticos sobre el Ayuntamientos.

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