Local

La Policía observa "financiación irregular" en el PP de Valencia e indicios en Madrid

Un nuevo informe desvela que el partido a nivel regional contrató a empresas de la trama como "contraprestación" a favores que la red hacía al partido. Vuelven las sospechas sobre Fundescam.

el 06 abr 2010 / 16:28 h.

TAGS:

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, junto con el presidente valenciano, Francisco Camps.

Pese a que los dirigentes del PP siguen asegurando que la apertura del sumario del Gürtel no les preocupa, la sombra de la financiación ilegal del partido cada vez es más amenazante. Un informe policial que figura en la parte del sumario descubierta esta mañana concluye que hubo "financiación irregular" de actos del PP valenciano con dinero de empresarios a los que se adjudicaban contratos "como contraprestación a los favores realizados para la formación política".

Así lo asegura la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el citado informe. En el documento no hay lugar a dudas: "Existe una financiación de actos del PP de la Comunidad Valenciana por parte de empresarios siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido". La Policía añade que "estos empresarios tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las Administraciones Públicas obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos".

Según el informe, es el propio PP, "en la persona de Ricardo Costa", ex secretario general de este partido en la Comunidad Valenciana, el que "actúa como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero". La UDEF dice que sus investigaciones han puesto de manifiesto la "vinculación directa" de Orange Market -la sociedad dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes- "con responsables políticos del PP de la Comunidad Valenciana y de los órganos de gobierno de la Comunidad Valenciana".

La facturación de Orange Market al PP valenciano "es dual", es decir, se realiza mediante una doble facturación: una real con factura y el correspondiente IVA "y otra sin factura y por tanto sin reflejo contable,  sin repercutir el correspondiente IVA". La primera facturación se denomina Alicante y "recoge una parte del coste real del evento", mientras que el resto "es facturado fuera de factura, bajo la denominación Barcelona, en referencia a que se ingresa en la caja B".

Y la Policía asegura que este comportamiento no ha sido en ningún momento un hecho aislado, sino que este sistema "tiene una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática que mantiene la organización con la formación política". Los fondos que engrosaban la caja B de la trama dirigida por Correa, entre ellos los que aportaba Orange Market desde Valencia, se destinaban a pagar los gastos de funcionamiento de la organización y a "entregas de dinero que realizan a responsables políticos o cargos directivos del PP".

Paralelamente, el sumario desvela que la empresa de Álvaro Pérez gastó miles de euros en regalos de Navidad a altos cargos de la Generalitat y a sus familias. Orange Market le hizo regalos a la mujer y a los hijos de Francisco Camps, a Ricardo Costa, a consejeros como Juan Cotino, Víctor Campos o Font de Mora y a varios de sus familiares. Para la mujer de Camps escogieron un bolso de Loewe de 750 euros y a los hijos del presidente les regalaron juegos de Sony y una maleta. Entre las facturas halladas en la sede de Orange Market en Valencia se encuentra una compra en una joyería de 250 pulseras por un importe de 2.900 euros, así como otra de un bolso de marca valorado en 815 euros presuntamente para la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, según se desprende de una conversación telefónica entre El Bigotes y un contable de la mercantil. La ex consejera de Turismo Milagrosa Martínez recibió por su parte un reloj de 2.400 euros.

Madrid. Pero no sólo en Valencia operaba el Gürtel. En el sumario aparecen otros datos que manchan también al Gobierno regional de Madrid. Así, entre los 50.000 folios publicados esta mañana aparece un informe que llegó al juzgado el pasado 15 de julio y que, según El País, acredita cómo distintas consejerías de Esperanza Aguirre vulneraron todas las normas de contratación pública para beneficiar a un rosario de empresas propiedad de Correa.

El informe concluye la mayor parte de los análisis sobre contratos con esta frase: "No está justificada la imperiosa urgencia de seleccionar a un solo proveedor [una empresa de la trama] por lo que se vulneran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia". Y es que el sumario hace referencia al fraccionamiento de los contratos para que su cuantía no superara el límite a partir del cual habría que abrir el proceso de contratación a concurso público (12.000 euros).

Además, el sumario apunta al PP madrileño. Según informa la SER, dentro de los archivos encontrados en el pen drive de la trama corrupta, la carpeta "PP Madrid" contiene el detalle de las facturas emitidas por actos delpartido para las elecciones autonómicas de 2003 y las generales y europeas de 2004. Unas facturas que fueron pagadas a través de una fundación, Fundescam, la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid que tiene su sede en la calle Génova y que actualmente preside la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. La ley no permite que las Fundaciones sufraguen actos electorales.

La propia Aguirre, preguntada al respecto hace ya algún tiempo, eludió responsabilidades: "Que le pregunten a Pío, Pío", dijo, en referencia a Pío García Escudero. Hoy, la presidenta madrileña se ha limitado a decir que en España no juzga la Policía, "que depende del Gobierno"; sino los jueces, por lo que insta a esperar.

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, salió esta mañana al paso de estas informaciones y dijo que su partido "en ningún momento se ha financiado de manera irregular". Asimismo, afirmó que no tiene "ningún miedo ni ninguna preocupación" ante el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel.

El PP nacional, mientras tanto, asegura que no hay "nada nuevo" en el sumario y destaca que "ya ha actuado con contundencia". No obstante, estudiará con "detenimiento" los nuevos datos que hoy han visto la luz. Por su parte, la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido prudencia y se negó a comentar el sumario en profundidad alegando que aún no lo conoce.

Galicia. Es la tercera comunidad a la que llegan los extensos brazos del Gürtel. Según el sumario, el PP de Galicia pagó en dinero B más de la mitad de los actos celebrados entre abril de 1996 y septiembre de 1999, período en el que el número dos de la trama, Pablo Crespo, fue secretario de Organización del partido. Así consta en un informe policial que obra en el sumario del caso.

Durante este período, más de 3,2 millones de euros fueron facturados al PP de Galicia en dinero negro, según la documentación intervenida en una caja de seguridad de una entidad bancaria de Pontevedra cuyo titular era Crespo. El informe de la UDEF pone de relieve que la forma de facturar los gastos generados por el PP durante ese período se llevó a cabo mediante un "sistema de doble facturación". Este sistema dio "opacidad" a la forma de financiación "y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica" del PP, considera la Policía.

El sistema consistía en facturar una parte del importe de los servicios contratados en A mediante la emisión de una factura y su anotación en el sistema de contabilidad legal, mientras que otra se factura en B, sin emisión de factura y sin reflejo en la contabilidad real, un sistema parecido al valenciano. Los gastos totales durante ese período ascendieron a 6.175.195,14 euros, de los que 2.950.368 euros "fueron entregados al representante legal" y el resto -3.224.826,72 euros- se pagaron directamente.

La Policía dice desconocer el origen de los recursos con los que el PP de Galicia hizo frente a estos gastos que, explica, fueron pagados directamente a la empresa o persona que prestó el servicio, de los que no existen facturas formales ya que "en el mejor de los casos" hay "notas de recibí".

 

  • 1