La maquinaria judicial se ha puesto en marcha. Agentes de la Brigada de la Policía Judicial de Sevilla efectuaron ayer un registro en la oficina de Riverduero de la Avenida de la Constitución. La actuación se desarrolló a petición del Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid, que ha solicitado a la Audiencia Nacional que se haga cargo del caso.
Durante la mañana de ayer un grupo de agentes de la Policía Judicial realizó un registro exhaustivo de la delegación sevillana de la sociedad Riverduero Central de Asesoramiento e Inversión, con matriz en Valladolid, y cuyos responsables fueron detenidos la semana pasada por la Policía Nacional por presuntamente estafar 25 millones de euros.
Según confirmaron fuentes policiales, el registro se produjo a petición del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid, que asumió el caso después de que varios clientes que habían invertido sus ahorros en la citada empresa -que no tenía autorización para operar como sociedad financiera- presentasen denuncias.
El mandato judicial solicitó a los agentes que interviniesen toda la documentación, así como los soportes para ser aportados a la investigación, de manera que esta documentación no será analizada por el Cuerpo de Policía Nacional de Sevilla, sino que será remitida al citado juzgado para su análisis. Así pues, los agentes de Sevilla, que no participaron en la investigación que llevó a la detención de los dos administradores, queda a la espera de que la juez les solicite alguna otra actuación, según las fuentes.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción 3 de Valladolid anunció ayer su intención de solicitar su inhibición en favor de la Audiencia Nacional, esto es, traspasar el caso para que sea la Audiencia la que se encargue del mismo, según informaron fuentes jurídicas, al entender que el mismo excede de su competencia y debería ser instruido por la Audiencia Nacional, ya que, aunque buena parte del medio millar de clientes son de la provincia vallisoletana, hay también víctimas de Sevilla, Madrid, Galicia y Palencia.
Así lo expuso la instructora durante la comparecencia celebrada ayer, en la que ratificó el auto de prisión provisional comunicada y sin fianza que el pasado domingo dictó el Juzgado de Instrucción 4, entonces en funciones de guardia, contra los dos acusados, L.B.P. y J.M.C.C, de 61 y 57 años, respectivamente, por delito de estafa.
Aunque el Juzgado de Guardia ya tomó declaración a los dos detenidos, la juez volvió a realizar un breve interrogatorio a ambos, quienes reiteraron que en ningún momento pretendían apropiarse de dinero alguno y que estaban tratando de pagar a los clientes que pedían el reembolso de sus inversiones. La investigación policial concluyó que la sociedad se trataba de un "chiringuito" financiero, sin capacidad para operar.
