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La Policía revisa la base de datos de Urbanismo por el caso Mercasevilla

Tras revisar el ordenador de la técnico y consejera imputada en la investigación por la venta del suelo a Sando, la Policía registró la base general de datos de la Gerencia. 

el 01 oct 2009 / 20:36 h.

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La Policía Judicial se personó ayer en la Gerencia de Urbanismo y registró la base de datos en busca de documentos vinculados a la venta del suelo de Mercasevilla a Sando investigada por la juez. Lo hizo después de analizar el ordenador personal de la técnico y consejera de la empresa pública imputada en el proceso.


La imputación de la Jefa de Servicio de Vía Pública y consejera de Mercasevila María Victoria Bustamante Sainz en la investigación judicial por la venta del suelo a Sando ha llevado a la jueza instructora del caso hasta la Gerencia de Urbanismo, donde trabajaba la técnico imputada en el momento en el que colaboró en la realización del pliego de condiciones para la venta de los terrenos formalizada entre finales de 2005 y principios de 2006. Aunque estos trabajos los realizó como consejera de Mercasevilla, y no como empleada de la Gerencia, en el periodo investigado dos personas compatibilizaban responsabilidades en Urbanismo y en la empresa de mercados. La citada María Victoria Bustamante Sainz, y su jefe, Domingo Enrique Castaño, quien a su vez formó parte de la comisión ejecutiva que aprobó el pliego de condiciones del concurso para la venta de los terrenos. En ese momento, el ex edil Gonzalo Crespo era presidente de la sociedad.
La investigación judicial en Urbanismo arrancó el pasado martes cuando, según el auto del Juzgado de Instrucción número 6, María Victoria Bustamante llamó a la Policía Judicial para advertirle de que “la Gerencia de Urbanismo aludiendo a una reordenación y actualización de elementos informáticos, quiere retirar la CPU de la cual es usuaria que contiene correos electrónicos y comunicaciones relativas a los hechos investigados”. La Policía examinó documentos del Millenium The Best PC Case Desien Computer y Crature Tools Multimedia Power System.


El aviso de Bustamante –que orgánicamente depende de la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad en este mandato, y que antes dependía de Vía Pública– responde a un plan de renovación de los equipos informáticos de la Gerencia de Urbanismo aprobado mediante una modificación presupuestaria realizada el año pasado y que ha afectado a todos los equipos informáticos de la sede municipal. Un proceso en el que, según fuentes municipales, no se pierden datos dado que todos se almacenan en un servidor central, con numerosas medidas de protección, y al que sólo tienen acceso tres personas. Allí se conservan todos los documentos, correos electrónicos y archivos de los últimos cinco años, por lo que en ningún momento se hubiera eliminado nada por la sustitución del ordenador, según subrayaron desde Urbanismo.


Allí es precisamente donde se dirigieron los agentes de la Policía Judicial en la jornada de ayer. El juez dictó un auto por la mañana en el que señalaba que era necesaria la “intervención y el examen” del servidor de la Gerencia de Urbanismo donde “pueden descubrirse hechos y circunstancias de interés sobre la comisión de los delitos que están siendo investigados y la identidad de las personas que han intervenido en los mismos”. Estos análisis se realizaron con un representante de la Gerencia de Urbanismo, el secretario del Juzgado y la propia Bustamante Sainz.


La Policía extrajo a raíz de este registro varios CD con documentación relativa al proceso de venta del suelo, realizado entre finales de 2005 y principios de 2006, y, por tanto, almacenado en esta memoria central donde se registran todos los documentos con hasta cinco años de antigüedad.
Esta documentación servirá para el segundo testimonio de Bustamante en el Juzgado, junto al otro técnico que intervino en el concurso, José Antonio Ripollés. Ambos declararon ya una vez aunque como testigos, admitieron anomalías en la operación que permitió la adjudicación a Sando del derecho de compra de los terrenos por 107 millones de euros cuando se realizase el traslado pese a que había una oferta económicamente mejor y aludieron al criterio del vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero –también imputado en la causa–. El lunes declararán como imputados a raíz del testimonio del propio Piñero. En 17 días se producirá la primera declaración judicial del principal imputado: Fernando Mellet.

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