El hecho de ser la portavoz del CGPJ no le ha supuesto ningún problema para dejar clara su postura sobre la sanción al juez Tirado. Gabriela Bravo, que votó a favor de la suspensión, mantuvo ayer que el magistrado no "cumplió" sus obligaciones. Bravo tampoco comparte las protestas de los jueces.
"Tirado no cumplió una obligación fundamental, que la Constitución establece en el artículo 17, que es hacer ejecutar lo juzgado". Así, de claro se expresaba ayer La vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, en una entrevista concedida al diario El País, y recogida por Europa Press. La vocal defendió su postura totalmente contraria a la multa de 1.500 euros, pues ella votó a favor de la suspensión durante seis meses del magistrado por falta muy grave. Pese a todo, fue Bravo la que tuvo que dar la cara ante los medios de comunicación y explicar los motivos por los que se mantuvo la sanción por no encarcelar al presunto asesino de Mari Luz.
Al respecto, mantiene que pese a la firmeza de la sentencia contra Santiago del Valle -que le imponía dos años de prisión por abusar de su hija-, la ejecutoria estuvo paralizada más de dos años por lo que Tirado "omitió una obligación legal, inexcusable e ineludible, de acordar el ingreso en prisión".
En cuanto a las reforma del régimen disciplinario de los jueces, anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sostiene que los cambios legales deben anunciarse "en climas de sosiego, tranquilidad y reflexión, para no dar la imagen de que en este país siempre se legisla a golpe mediático". "Anunciar una reforma en materia disciplinaria al tiempo que se airea la total discrepancia con la resolución adoptada (...) no es oportuno y puede confundir al ciudadano", añadió.
Por otro lado, Bravo, que es fiscal, hizo referencia a la "obsoleta" situación de la Justicia y aseveró que existe "una justicia de primera y otra de segunda" si se comparan los juzgados de capitales y los de la provincia, donde la "carencia de medios personales y materiales y las condiciones de trabajo, a veces hasta de insalubridad, son especialmente alarmantes", dijo.
La portavoz también se muestra contraria a la posible huelga de jueces porque "produciría graves menoscabos en valores como la libertad, la justicia y la seguridad y graves quebrantos a los ciudadanos". "No es el momento de huelgas. La sociedad no lo entenderá", añadiendo que la situación de la Justicia no es ahora peor que nunca pues "lleva muchos años en una situación obsoleta, de carencia de medios".
