Carmen Fontela González, cuyo nombre figura como aspirante a la prejubilación en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2003 por Mercasevilla y que habría sido incluida de forma fraudulenta en el ERE impulsado en 2005 por el restaurante Río Grande, ha prestado nuevamente declaración ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial.
La abogada de Fontela, Fabiola Guillén, ha informado a Europa Press de que el vierne, su cliente expuso a los agentes "cifras económicas y firmas" relacionadas con su papel en el caso. Fontela, según su abogada, "lo ha aclarado todo" a los agentes y ha insistido en que "no ha cobrado un solo céntimo" como prejubilada de Mercasevilla o del restaurante Río Grande, porque es "una víctima" cuyo nombre "ha sido utilizado".
La abogada se refiere a las declaraciones ante las autoridades que investigan el caso Mercasevilla de Francisco José González García, comercial de la consultora Vitalia Vida y responsable de la sociedad Hermes Consulting S.L., había reconocido a los investigadores que él mismo eligió a esta mujer para estas prejubilaciones fraudulentas descubiertas en las diligencias relativas a los ERE promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla.
González García, en concreto, prestó declaración como detenido ante la Brigada Provincial de Policía Judicial el 21 de diciembre de 2010, en el marco de la investigación promovida por la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya. Esta juez indaga en torno a la gestión de Mercasevilla un posible intento de petición de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce, las presuntas irregularidades en la enajenación de los suelos del mercado central de abastos y un supuesto delito societario en el que estaría enmarcado el expediente de regulación de empleo de 2007.
Dentro de esta investigación, un reciente atestado de la Brigada Provincial de Policía Judicial finalizado el 17 de enero de 2011, y recogido por Europa Press, revela toda una "trama" destinada a la introducción de "hombres de paja" o personas ajenas a compañías como Mercasevilla, el restaurante Río Grande o la textil Hitemasa en expedientes de regulación de empleo, siempre a fin de cobrar irregularmente las rentas correspondientes a sus prejubilaciones fraudulentas. La investigación, además, señala al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero como parte de esta red, destacando su creación de un nuevo "sistema" de ayudas para empresas en crisis que habría constituido un "incumplimiento flagrante" de la Ley autonómica de Hacienda Pública.
En concreto, y según un extracto del atestado policial, González García rememora el caso de Carmen Fontela, porque explica en su declaración que "él se la propone" al ex sindicalista Juan Lanzas para "incluirla en un ERE y, de este modo, cobrar él la prima que le correspondería a ella". La propuso, de hecho, porque "era vecina suya" y ambos se conocían desde hace más de 40 años y, en principio, contactó con el marido de Fontela González para buscar su aquiescencia.
Según la declaración del comercial, propuso a Fontela y a su esposo una operación "legal" para cobrar "unas cantidades que le debían" mediante la inclusión de ella en un expediente de regulación de empleo. "Por este favor no le dio ninguna compensación económica", señala el atestado sobre la declaración del detenido.
Así fue, de hecho, como en 2005 "Carmen Fontela es incluida en el ERE del restaurante Río Grande", gracias al cual en una cuenta de ahorros abierta a nombre de Fontela González eran ingresadas cantidades mensuales de entre mil y 2.500 euros que, según este testimonio, eran recogidos por González García al obrar en su poder la correspondiente tarjeta. Una parte del dinero, según su versión, quedaba en sus manos y la otra "se la entregada a Juan Lanzas personalmente y en mano".
