Hubo muchos temas sobre la mesa pero los partidos sólo coincidieron en que se podrán pactar tres: educación, justicia y empleo. La primera cita de Griñán con los líderes políticos estuvo marcada por la preocupación -reconocida por todas las partes- de la Junta con la financiación autonómica.
En la antesala de su encuentro con Zapatero, el presidente andaluz se reunió ayer por primera vez con los líderes de los tres partidos con representación parlamentaria, que aprovecharon la ocasión para marcar a Griñán los puntos cruciales que deberá llevar hoy consigo a Madrid. La financiación autonómica centró las entrevistas con PP, IU y PSOE y es uno de los asuntos donde el jefe del Ejecutivo andaluz quiere arrancar una buena noticia a Zapatero. La oposición aseguró que vio a Griñán "preocupado" y tanto el PSOE como el portavoz del Gobierno andaluz lo confirmaron.
En la recta final de la negociación del nuevo modelo -el Gobierno quiere cerrarlo antes del 15 de julio- la inquietud de la Junta se fundamenta en los tirones de Cataluña. Los socialistas catalanes alardean de que su comunidad se llevará el 20% de los 9.000 millones extra que el Estado ha puesto encima de la mesa. Ese porcentaje sería superior al de su población. Andalucía, la más poblada, reclama una cantidad proporcional a su peso poblacional -el 17,8%-, unos 1.600 millones. Para más inri, Zapatero se fue ayer a Barcelona y prometió que Cataluña recibirá una renta per cápita por encima de la media del conjunto de España.
¿Hay alguna posibilidad de que la Junta se plante y rechace el futuro sistema? El lunes, Griñán dejó claro que dirá no a Zapatero si Andalucía "no recibe lo que le corresponde". El secretario de Organización del PSOE-A, Rafael Velasco, explicó que en su partido "no barajan" ese escenario, pero añadió que no sería la primera vez en que Madrid recibiera una negativa. "Manuel Chaves ya le dijo no a Felipe González", recordó. Velasco admitió que les "preocupa más el porcentaje que la cantidad", es decir, fijar los criterios que definirán de ahora en adelante el reparto del dinero estatal. Andalucía defiende que lla distribución de recursos pivote sobre la población. "Si se introducen nuevos criterios, tendrán que ser compartidos", advirtió.
Después de que Diego Valderas, coordinador regional de IU, manifestara a los periodistas que vio a Griñán, ante la negociación de la financiación, "con fuerzas pero preocupado", la Junta quiso aclarar la frase. "La preocupación es comprensible y procede de una obviedad: es un proceso complejo y entran en juego muchas variables", matizó el portavoz del Gobierno andaluz, Manuel Pérez Yruela, que sustituyó al presidente en la comparecencia posterior a las reuniones con los partidos. El PP también aprovechó su entrevista para demandar a Griñán que exija al Gobierno que Andalucía "sea la comunidad que más gane". En vista de que no hablaban los primeros espadas, el líder popular, Javier Arenas, también cedió la palabra Antonio Sanz, número dos de la formación.
Puntos de encuentro. Los tres partidos volvieron a apuntar los asuntos donde sería posible llegar a un acuerdo: educación, justicia y políticas activas de empleo. Aseguraron estar dispuestos a hacer un "esfuerzo", pero el PP insistió en que sólo pactará si eso implica acometer reformas "profundas". Sanz criticó que el presidente entregó otra vez a Arenas el documento de las 41 medidas anticrisis, pero los populares también trasladaron a Griñán sus 15 reformas económicas, las mismas que antes se llamaban decálogo o cien propuestas contra la crisis. La Junta calculó que analizando los planteamientos del principal partido de la oposición, el PP debería apoyar 24 de las 41 medidas, por eso confió en que se sume al consenso en el trámite parlamentario. Velasco también apostó por que el PP tenga "altura de miras" y ceda terreno.
El PP logró el compromiso de Griñán de que se haga un seguimiento, a través de una comisión mixta Gobierno-Junta, de las inversiones estatales que no se llegaron a ejecutar en años anteriores. Las reivindicaciones de IU se materializaron en la necesidad de concretar la renta básica este año para que arranque en 2010, la "urgencia" de solucionar la situación de los mineros de Boliden y de socorrer a la industria de Huelva y su aspiración de cambiar la ley electoral andaluza para aumentar la representación parlamentaria.
Tanto IU como PSOE no ocultaron su satisfacción por llevar al próximo pleno de la Cámara un debate general para aprobar las medidas anticrisis. Una de las propuestas que se votará el miércoles que viene es la ayuda pública a los desahuciados.
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