El fraude escolar es un término acuñado en los colegios concertados de Andalucía, sobre todo en Sevilla capital, donde la demanda rebasa la oferta de plazas. En estos casos es necesario decidir quién entra y quién no aplicando una serie de requisitos susceptibles de manipulación (lugar de domicilio, de trabajo, renta, etc...) Sin embargo, en el Código Civil no aparece ningún delito con ese nombre. El fraude escolar no existe como tal, pero el fenómeno es muy real, tanto que cada año cientos de familias pierden la plaza de su hijo en el colegio elegido por haber falsificado los datos de la matrícula. Poco a poco esta realidad ha ido empujando a la Consejería de Educación a los juzgados, hasta que hace un año la Junta firmó un protocolo de actuación con la Fiscalía Superior de Andalucía para perseguir los casos de fraude escolar como si fueran un delito de falsificación de documento público. Esta decisión complementa un cambio que la consejería incluyó en el último decreto de escolarización: falsear datos en la solicitud supondría la pérdida de todos los puntos del niño en su matrícula, y no sólo de aquellos que había falseado (como hasta ahora). El "efecto disuasorio" de estas medidas han hecho caer un 30% el fraude escolar en sólo un año.
El consejero de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, se reunión ayer con el fiscal jefe Jesús García Calderón para hacer un balance del protocolo de colaboración entre ambas administraciones que, además del fraude, vigilaba la tasa de absentismo escolar y las denuncias de agresiones a profesores. Tampoco ninguno de estos dos casos figuran como delitos per se, pero el primero está relacionado con un delito de abandono familiar por el que los padres se exponen a perder la custodia de sus hijos, y el segundo empieza a abordarse como delito de atentado a autoridad pública que como falta, siendo las penas mucho más severas para el agresor. Así que el absentismo escolar ha caído un 20% y las denuncias de agresiones físicas o verbales contra profesores han descendido un 12%.
En cuanto al fraude, en el proceso de escolarización para este curso 2011/2012 se registraron 1.746 reclamaciones y recursos de alzada, lo que supone un 0,7% respecto al total de las solicitudes tramitadas (246.785 en total). El curso anterior las reclamaciones y recursos representaron un 1% sobre el total (237.002 solicitudes). Los datos muestran una caída sin precedentes del número de denuncias y de niños expulsados por falsificación, pero es difícil conocer la trascendencia real que alcanza en las ciudades, donde se concentra el 80% de las reclamaciones por fraude escolar.
Respecto al absentismo, Álvarez de la Chica se mostró satisfecho con el descenso porcentual registrado en el último curso y explicó que si bien en los años 90 este asunto era la principal preocupación del sistema educativo, por estar ligado con el fracaso escolar y la desestructuración social, ahora el reto se centra en evitar que se reincida en esta práctica. La Junta está trabajando en programas específicos para que, entre otros asuntos, haya más corresponsabilidad de las familias en la escolarización de sus hijos, además de los programas de acompañamiento y extensión del horario escolar.
Álvarez de la Chica atribuyó a la "sensibilidad" de la Fiscalía el descenso del 12% en las denuncias de agresiones de alumnos a docentes y de profesores a terceras personas, "que se ha convertido en un referente en el país". Además del actual apoyo que se presta al profesorado víctima de agresiones en el ámbito jurídico -155 asistencias jurídicas prestadas de manera gratuita al profesorado-, el consejero anunció la firma de un acuerdo de colaboración con el Colegio de Psicólogos andaluz para ampliar esta atención al plano psicológico.
Otro de los asuntos abordados entre la Fiscalía y la consejería son los delitos que cometen los jóvenes en seguridad vial y el impulso de actividades extraescolares y en la elaboración de materiales para concienciar a los alumnos en esta materia.
