Dos turistas en la Plaza de España. - Antonio Acedo
En octubre del año pasado el sector turístico sevillano constituyó una mesa para abordar uno de los problemas que más quebraderos de cabeza le está dando, y que se viene a sumar a las dificultades económicas a cuenta de la crisis y que, precisamente, ha proliferado como consecuencia de la adversa coyuntura económica. El mercado se ha inundado de ofertas de apartamentos turísticos ilegales gracias, en buena medida, a las posibilidades que brinda internet y al incremento de páginas web especializadas en ofrecer alojamientos alternativos a los tradicionales hoteles u hostales.
Sevilla capital, y en particular su casco histórico, concentra la mayor parte de este problema en la provincia, lo que supone una competencia desleal a los establecimientos reglados y de ahí la batalla que está plantando el sector a aquellos que no compiten en igualdad de condiciones.
La patronal hotelera sevillana ha elevado un total de 123 denuncias de ilegales desde octubre hasta la fecha de hoy ante los organismos competentes, que son la Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, así como el Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento.
En el primero de los casos, la Delegación Territorial ha detectado que el problema de la clandestinidad se concentra en la ciudad de Sevilla y en el ámbito de los apartamentos turísticos. Este organismo de la Junta, que también actúa de oficio, realizó a lo largo del año pasado un total de 95 actuaciones inspectoras, mientras que solo en lo que va de 2013 las inspecciones ya suman alrededor de las 150, de forma que en apenas cinco meses se ha incrementado el control casi un 60% respecto a todo 2012, según informaron fuentes de este servicio.
Los procedimientos sancionadores que se incoaron por este motivo el año pasado se elevaron a siete, con multas que pueden ascender hasta los 18.000 euros en función de las circunstancias que concurran en cada caso concreto. No obstante, y fruto de esa labor vigilante, un total de 17 establecimientos turísticos optaron por regularizar su situación. El resto se decantó por cesar esa práctica irregular, al no poder cumplir las condiciones para ofrecer este tipo de servicios, eliminando toda la publicidad, un hecho que la Administración comprueba luego.
En lo que va de año se han abierto cuatro expedientes sancionadores, si bien se espera que la cifra vaya creciendo notablemente conforme avance la tramitación de las actuaciones emprendidas. De todas formas, el primer paso que se da previo a la sanción económica es el de informar mediante una carta escrita de que no pueden ejercer esa actividad. Si no se localiza al titular de la propiedad, entonces se recurre a la Policía Nacional.
El gerente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Santiago Padilla, precisa que se trata de un problema generalizado que se ha visto agudizado por la crisis económica y la inmobiliaria. Mucha gente no sabía qué hacer con sus inmuebles vacíos y pensaron que una salida era darle uso turístico. Por ello, se muestra satisfecho con los resultados de la Mesa de la Clandestinidad, en la que participa la patronal junto a la Delegación Territorial, varias delegaciones municipales como Urbanismo, Medio Ambiente y Consumo, Policía Local y Nacional, Prodetur y hasta la Inspección de Trabajo.
La irrupción de internet y de las páginas web en el ámbito del arrendamiento de apartamentos turísticos hizo que en 2012 la Junta iniciara la inspección de los anuncios insertados en la red. De hecho, fuentes de la Delegación Territorial reseñaron que se han dirigido a cinco páginas web para pedirles que admitan solo a aquellos alojamientos que estén incluidos en el registro oficial (Registro de Turismo de Andalucía).
Un registro que, en el caso de la ciudad de Sevilla, tiene contabilizados un total de 220 establecimientos turísticos en el apartado de hoteles de todas las categorías, hostales y pensiones, que suman 19.866 plazas. Por su parte, de forma oficial constan 62 apartamentos turísticos. En 2012 estaban dados de alta 51, mientras que 2011 apenas estaban registrados 32, siendo 22 un año antes. En 2008 y 2009, primeros años de la crisis, fueron 13 y 14 alojamientos, respectivamente. Así, el número de plazas ha pasado de las 784 de 2008 a las 1.741 de 2013, lo que supone más que duplicar la oferta disponible.
Las páginas web se han preocupado de preguntar a la Junta qué responsabilidad y, por tanto, posibilidad de ser sancionados tienen por alojar anunciantes no registrados oficialmente, aunque este supuesto no está recogido. Al no estar reguladas, todo han sido declaraciones de buena voluntad y disposición a colaborar o meras promesas de elevación a órganos de superior responsabilidad en su estructura, muchas veces ubicados en otros países. Una disposición que, no obstante, no se ha traducido en resultados concretos.
