A pesar de la maltrecha situación económica de los sevillanos debido a una crisis económica que parece no tener fin, los desahucios este año se han reducido respecto al ejercicio anterior, al menos así lo recoge el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De este modo, el número de lanzamientos (desahucios) que terminaron con lanzamiento positivo es decir, que se acabaron llevando a cabo después de que lo dictara un juez fue de 187 durante el primer semestre del año, frente a los 221 del mismo periodo de 2012, lo que supone una caída superior al 15%. La provincia, por tanto, presenta un descenso menor que el de la media de España y, también, la andaluza, que registraron una caída del 23% y el 19%, respectivamente, aunque todos estos porcentajes demuestran que la presión llevada a cabo en los últimos meses contra este tipo de acciones está surtiendo efecto a pesar de que no haya una mejoría en los bolsillos de los ciudadanos.
Movimientos sociales como el 15-M o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) están haciendo visible el drama que muchas familias están padeciendo a causa de no poder hacer frente al pago de la cuota mensual o del alquiler. Sus presiones ante los desahucios, con enfrentamientos con las autoridades si es necesario y señalando con el dedo de manera directa a las entidades financieras que los llevan a cabo, pueden ser uno de los motivos que ha ayudado a que el número de desahucios llevados a cabo durante los seis primeros meses del año haya descendido.
A ello se suma en la comunidad andaluza la iniciativa de la Junta de aprobar una ley contra esta práctica, con el objetivo de proteger a aquellos que se encuentran en situación de no poder pagar el recibo del mes. El pasado mes de septiembre la Administración andaluza aprobó con los votos del PSOE e IU socios de Gobierno la Ley de función social de la vivienda, más conocida como Ley antidesahucios, una aprobación que se produjo después de que el Tribunal Constitucional suspendiera cautelarmente en julio de este año el decreto aprobado en abril por el Ejecutivo andaluz, tras un recurso interpuesto por el Gobierno central.
Hasta junio, los lanzamientos practicados en los juzgados de primera instancia sumaron un total de 646 en la provincia, de los que 166 se debieron a ejecuciones hipotecarias, mientras que 399 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Respecto a los lanzamientos el CGPJ matiza que dispone del número de los solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, de los que hay disponible una serie desde 2008 aunque tienen el inconveniente de que no en todos los partidos judiciales hay ese tipo de servicios comunes, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no los valores absolutos. Recuerda por ello que los lanzamientos pueden afectar a muy distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y que el que se soliciten al servicio común no significa que este lo haya podido ejecutar.
Las causas de la disminución en lo referido al número de desahucios en los últimos meses son diversas, según el Consejo General del Poder Judicial, pudiendo citarse como de origen legal la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios y la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que, entre otras novedades, suprime la diligencia de lanzamiento en los casos en que el demandado atendiere el requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se le reclama.
