La huida de la supuesta etarra Maite Aranalde después de que un juez la pusiera en libertad bajo fianza la semana pasada por un error burocrático ha sido recibida por la opinión pública española con una estupefacción que sólo se ha visto matizada por lo previsible de los acontecimientos. Aranalde fue extraditada desde Francia acusada de tenencia de explosivos y de la colocación de bombas en varias gasolineras de Madrid en diciembre de 2004. El extravío de la orden cursada por la colocación de los artefactos hizo que, al llegar a España, sólo se la pudiera procesar por la tenencia de los explosivos, lo que derivó en su puesta en libertad bajo una fianza de 12.000 euros. Cinco días después de la orden del juez Velasco, su colega Baltasar Garzón admitió el recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y revocó la libertad de la presunta activista de la banda. La orden llegaba tarde: Aranalde ya había desaparecido. Ahora, se ha cursado orden de busca y captura contra ella. Es comprensible que los ciudadanos se sientan indignados ante un ejemplo de ineficiencia burocrática que ha tenido el peor de los resultados posibles. Pero conviene subrayar que se trata de un error puntual de un funcionario de la justicia gala y que, en consecuencia, no debe emborronar el espíritu de colaboración que ha presidido las actuaciones conjuntas de España y Francia en su lucha contra el terrorismo de los criminales etarras. Cuestión distinta es que se analice la actuación del juez Velasco y que se plantee si se tomaron las medidas judiciales oportunas para evitar una fuga que casi todo el mundo daba por hecha en vista de lo que había ocurrido. Esta es una misión que compete al gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Entretanto, sólo queda esperar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen razones para estar irritadas con este asunto, cumplan una vez más con su labor y vuelvan a poner a Aranalde en manos de la Justicia.
