El pasado 7 de septiembre, tras advertir públicamente de que la situación de Mercasevilla era "crítica" el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, lanzó un mensaje de tranquilidad a los trabajadores: "Vamos a defender los puestos de trabajo y de Mercasevilla por encima de todo. La plantilla no es la responsable de lo que ha ocurrido y no debe recaer el peso sobre ella". Menos de un año después, el Consistorio asumió el pasado martes que va a liberalizar los servicios que presta la plantilla en la lonja de pescado y que, por tanto, se tendrá que reducir en más de un centenar de personas la plantilla de la empresa de mercados. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Poco o nada, por mucho que haya un informe del secretario municipal fechado en mayo de 2012 que viene a decir lo mismo que han apuntado todos los que han pasado por la lonja, incluida la Policía Judicial: que Mercasevilla necesita una reorganización de sus servicios. La decisión política que se debía tomar era si esta reestructuración debía o no pasar por una pérdida de puestos de trabajo, y si se iba a encontrar un término medio o se iba a responder a la demanda histórica de los empresarios.
El conflicto por la gestión pública de la facturación y la descarga de las ventas y mercancías de los mayoristas de pescado lleva años latente en la lonja y ha sido uno de los principales problemas de todos los gerentes. El último, Juan Carlos Recio, llegó a elaborar incluso un plan de viabilidad que venía a plantear, con el anterior gobierno, que para sanear la empresa sería necesario reducir plantilla en más de un centenar de personas. Pero tanto PSOE como IU acabaron negándose ante el elevado coste de una medida que supone asumir decenas de despidos públicos y el estigma de una privatización. Hasta el PP negó en campaña en repetidas ocasiones que fuera a privatizar la empresa.
De fondo, hay dos posturas enfrentadas. Por un lado, los trabajadores, muy molestos con la decisión del gobierno local de reducir la plantilla, que defienden los derechos de ser empleados de una empresa pública, y un sistema por el que supervisan y controlan las relaciones comerciales. El coste para el empresarios, según sus cálculos avalados por comparativas con otros mercados y por cuestiones como el informe de intervención que habla de pérdidas para Mercasevilla por gestionar servicios por los que no cobra, es menor, se mantienen puestos de trabajo y hay un mayor control sobre el producto y sobre los cobros: es Mercasevilla quien adelanta el dinero de cualquier compra al empresario. Por otro, los empresarios, que aplaudían ayer la "valentía" de Zoido y que denuncian que tienen que pagar un precio tasado por ordenanza por servicios que podrían depender de ellos o subcontratarse en mejores condiciones, y que soportan, lo que califican, un "monopolio".
Lo que dice el secretario, y lo que plantean todos los informes, es que hay que cambiar el sistema y liberalizarlo pero no que Mercasevilla tenga que dejar de prestarlo ya que podría hacerlo en libre concurrencia o que se tengan que despedir a más de un centenar de personas. Los empresarios insisten en que la privatización es imprescindible aunque aseguran que están abiertos a absorber parte de los empleos que se pierdan, mientras los trabajadores piden que se estudien alternativas a la privatización y amagan con un frente judicial y de protestas si no se negocia. Y en medio está el PP que se comprometió hace sólo unos meses con los empresarios a cambiar el sistema, y con la plantilla a mantener sus empleos.
