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La prostitución se esconde tras las cámaras

Durante meses, el plan integral de la prostitución se llevó casi en silencio. Con un grupo de trabajo multidisciplinar que intentó en todo momento desviar la atención de las sanciones y restricciones. Pero el debate de las cámaras y la nueva rectificación del Gobierno lo ha dejado en una situación delicada.

el 15 sep 2009 / 11:24 h.

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Durante meses, el plan integral de la prostitución se llevó casi en silencio. Con un grupo de trabajo multidisciplinar que intentó en todo momento desviar la atención de las sanciones y restricciones. Pero el debate de las cámaras y la nueva rectificación del Gobierno lo ha dejado en una situación delicada.

El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, en plena vorágine de anuncios y promesas, irrumpió el pasado verano en el debate sobre la prostitución. Lo hizo con una propuesta que públicamente ha tenido su rédito: Sevilla ha saltado de nuevo al escenario nacional con una iniciativa llamativa.

Pero internamente ha tenido consecuencias: el plan integral se ha debilitado, el PSOE ha puesto a IU en un aprieto, y se ha generado un ambiente de desconfianza en un grupo de trabajo, que implicaba a delegaciones y ONG. De ahí el malestar, entre otros, de los responsables del área de Mujer.

El plan se impulsó como respuesta a una reflexión interna: Sevilla no tiene un problema grave de prostitución, pero existe este fenómeno y era el momento de tomar medidas para erradicarlo. La iniciativa la tomó el PP. Y el PSOE se puso a trabajar con la propuesta de la oposición para sancionar a los clientes. Se abrió un debate interno y externo. Se elaboraron dos borradores que se incluirían en la ordenanza antivandalismo. En abril, el Gobierno local dio marcha atrás. La primera.

Todos los esfuerzos se centraron entonces en el plan integral. Había una base de trabajo, pero no se le había dado aún el impulso político. Lo tuvo este año. Se plantearon una batería de medidas basados en estudios, liderados por el Centro Leónor Dávalos. Se incluían las sanciones, pero el objetivo era dejarlas en un segundo plano para no dañar el proyecto, que pretendía aplicar programas de reinserción para las prostitutas, concienciar a la ciudadanía del problema y dificultar el trabajo de los clubes de alterne, cuya proliferación preocupaba a los técnicos.

El borrador se pretendía presentar en septiembre con un alto nivel de consenso. Pero el alcalde decidió dar un giro en verano al abrir el debate de las cámaras. Públicamente, lo han defendido el regidor y la portavoz del Gobierno, Maribel Montaño. Pero no los miembros de la comisión de trabajo del plan integral -entre ellos las áreas de Mujer, Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Convivencia y Seguridad-.

El proceso ha cobrado más relevancia de la prevista, pero al mismo tiempo se ha debilitado su capacidad de actuación y se ha generado una polémica que muchos querían evitar. El Gobierno ha tenido que volver a dar marcha atrás y suprimir las cámaras de su agenda.

El plan presentaba desde el principio serias contradicciones: las cámaras ya habían sido vetadas como sistema de videovigilancia para las zonas comerciales, IU se oponía radicalmente, la comisión de videovigilancia del TSJA ya advirtió de los límites de este dispositivo en una sentencia reciente contra el comercio de Granada, se requiere un proyecto con un estudio legal y técnico detenido... Podía satisfacer a los vecinos. Pero éstos nunca han sido el eje del plan integral, sino la situación de las prostitutas, muchas de ellas inmigrantes.

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