Las previsiones de demanda de VPO se han cubierto sólo con la adaptación a la LOUA de poco más de la mitad de los municipios (60), aunque cabe destacar que allí reside más del 80% de la población, es decir, en torno a 1,5 millones de personas. En cualquier caso, todavía falta la revisión de otros 39 planes generales de ordenación urbana (PGOU). Es decir, la adaptación del resto de municipios arrojará una bolsa de suelo mucho mayor que la previsto por el IESA, lo que supone toda una garantía de futuro para la construcción de promociones de viviendas protegidas.
La localización de los terrenos para VPO se efectúa por dos vías. La más usada es la de la adaptación parcial del PGOU, que requiere de una tramitación más ágil y a la que se acogieron 43 municipios. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio informó de que, por esta vía, se logró la reserva de suelo para 29.166 viviendas protegidas. La Puebla de Cazalla y Constantina fueron los últimos municipios en adaptar sus planeamientos, aportando 156 VPO más. Pero no serán los únicos, ya que todavía se está a la espera de que se culmine la revisión de los PGOU de otros 39 municipios que están en fase de tramitación actualmente.
Las 17 poblaciones restantes prefieren adaptarse a la LOUA mediante la redacción de un nuevo PGOU, algo que requiere de un mayor periodo de tramitación. Mediante esta fórmula se reservará espacio para albergar la edificación de otras 37.501 viviendas protegidas.
Sumadas estas dos cifras, se alcanza las 66.667 viviendas protegidas, que suponen cerca del 98% de la demanda de VPO calculada por el IESA. Cabe destacar que este estudio vincula la localización de la demanda de vivienda protegida a las diferentes comarcas, lo que permite un diagnóstico ajustado a las necesidades reales de la población, sobre todo de los más jóvenes, que es el colectivo que más dificultades presenta para acceder al mercado inmobiliario a un precio razonable tal y como están las cosas.
En todo caso, la Junta de Andalucía ya adelantó que estas estimaciones se afinarán con la puesta en marcha de los registros de demandantes de viviendas protegidas en todos los consistorios, una herramienta que además de localizar la necesidad, aportará otros datos relacionados con el tipo de VPO -preferencias sobre su superficie, número de dormitorios o forma de pago- o las necesidades de cada colectivo en los distintos puntos. Con esta fórmula se eliminarán los sorteos para entregar las VPO.
