La sede de Seguridad y Movilidad y de la Jefatura de la Policía Local, en los suelos donde estaba la cárcel de la Ranilla. / El Correo
El 1 de diciembre de 2008 el entonces alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), puso la primera piedra de un edificio de 17.000 metros en los suelos de la antigua cárcel de la Ranilla que acogería la Delegación de Movilidad y la de Convivencia y Seguridad, así como la escuela de policía y «la sala conjunta de mando y control, ubicada en las plantas segunda y tercera». Así se anunció. Pero cinco años y medio después, este centro de control unificado (de Policía Local, Bomberos, Tráfico y Protección Civil) no existe. De hecho, en la junta de gobierno de ayer se aprobó su licitación. Valdrá dos millones de euros, que se suman a los casi 21 que costó este edificio, rodeado de polémica.
En primer lugar, el Consistorio aplicó el tijeretazo hasta en dos ocasiones al edificio, que en principio iba a contar con una torre de ocho plantas y contaría con una inversión de 26 millones de euros. La protesta vecinal rebajó su altura a tres plantas quedándose fuera la escuela de policía y su presupuesto se rebajó a algo más de 17 millones. En segundo lugar, esta nueva sede municipal se terminó siete meses después de lo previsto y con 3,3 millones de euros de más. El motivo, la redistribución de las instalaciones ante las discrepancias entre las delegaciones de Movilidad y Convivencia y Seguridad del anterior gobierno de PSOE e IU. Ante la falta de acuerdo, se decidió a última hora que la sala de control no podía ser compartida por tráfico y seguridad. Cada delegación debía tener la suya, y el arquitecto Rafael Aguilar, del estudio Alminar, ejecutó la modificación, estimada en más de 2,5 millones de euros extras.
El equipo de Sánchez Monteseirín achacó el sobrecoste a la losa de hormigón bajo la antigua cárcel y a «nuevas necesidades», pero en el expediente de la obra rezaba que el coste de la nueva cimentación solo alcanzaba los 87.000 euros.
Mientras las delegaciones se ponían de acuerdo y ultimaban la tramitación administrativa, el edificio permaneció bastantes meses cerrado, prácticamente terminado, y los policías locales siguieron en pésimas condiciones en la Cartuja.
Es más, esta situación hizo que la constructora Detea empezara un litigio contra el Ayuntamiento, a quien le reclama 22 millones en cuatro demanda judiciales fundamentalmente por la construcción de esta sede de la delegación de Seguridad y Movilidad en la Ranilla por los sobrecostes y retrasos injustificados y la compra de las antiguas dependencias de la Policía Local en la Cartuja, que se entregaron expoliadas y con mucho atraso.
Ahora, el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP) retoma el proyecto y saca a concurso el futuro centro de control de la sede de la Delegación de Seguridad y Movilidad y la Jefatura de la Policía Local de Sevilla con un presupuesto base de licitación de dos millones de euros y un plazo de ejecución de cinco meses.
El acta del acuerdo refleja que el centro de control ya figuraba en los presupuestos de 2013 (también lo estuvo en 2012) y que será instalado en las plantas segunda y tercera del edificio. Como se planteó originalmente en el proyecto de Aguilar.
La idea del equipo de Zoido es aglutinar todos los servicios de emergencias municipales, es decir Policía Local, Bomberos, Tráfico, Cecop y Protección Civil, para lograr una mejor coordinación en los dispositivos especiales y, además, avanzar en la puesta en marcha del 092, un servicio telefónico que el propio alcalde ya anunció que quiere recuperar.
Fuentes municipales explicaron que el edificio que heredaron del anterior gobierno de PSOE e IU no tenía previsto la puesta en marcha de un centro de control unificado, pese a que así se anunció. Estas fuentes detallaron que hay zonas del edificio sin cablear y sin acabados, totalmente carentes de un diseño básico previo. El PSOE ya había denunciado que Zoido anunció que en 2012 disponía de más de 800.000 euros para el desarrollo del proyecto del centro de control unificado, aunque no se ejecutó, y volvió a realizar el mismo anuncio en 2013 con 1,5 millones de euros incluidos en los presupuestos «que a mediados de año sufrieron el mordisco por el que el gobierno volvió a desestimar el proyecto», criticó el portavoz municipal socialista, Juan Espadas, a finales de 2013.
