La reactivación del caso ERE, pendiente de la vuelta de Alaya

La jueza retoma la actividad esta semana con 116 imputados, la mitad sin prestar aún declaración.

el 01 sep 2013 / 18:27 h.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla,  Mercedes Alaya, encargada del caso de los expedientes de regulación  de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía,  podría regresar previsiblemente esta semana de sus vacaciones de  verano para reactivar un caso que dejó a finales de julio con 116  imputados, de los que más de la mitad aún están pendientes de prestar  declaración. AlayaAlaya se despidió del juzgado el pasado 31 de julio con un auto en  el que sumaba 23 nuevos imputados por la presunta administración  fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos  autonómicos, entre los que figuraban dos hijos del conocido  empresario José María Ruiz-Mateos, una familia cuya supuesta relación  con la trama había sido ya señalada en el auto de ingreso en prisión  del exsindicalista jiennense Juan Lanzas, figura clave en los hechos  investigados y uno de los tres imputados en el caso que sigue en la  cárcel junto a los exdirectivos de la aseguradora Vitalia María Vaqué  y Eduardo Pascual. Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, por ahora  la magistrada sólo ha puesto fecha para prestar declaración como  imputados al actual viceconsejero de Presidencia y exdirector general  de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano Peña, y al también exdirector  general de Presupuestos Buenaventura Aguilera, para los días 17 y 19  de septiembre, respectivamente, así como al exviceconsejero de Empleo  Justo Mañas para el 30 de septiembre y al exparlamentario socialista  Ramón Díaz, que lo hará el día 9 de octubre. Previamente, el 10 de septiembre, también está citado a declarar  el que fuera jefe de Servicio de la Dirección General de Trabajo y  Seguridad Social y director del departamento de Administración y  Finanzas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)  Antonio Diz-Lois Ruiz. PROHIBICION A LA DEFENSA SIMULTANEA DE ALTOS CARGOS La magistrada también apuró las horas previas a sus vacaciones  para dictar un nuevo auto en el que prohibía a varios letrados que  defiendan simultáneamente a dos altos cargos de la Junta de Andalucía  imputados en la causa con el objetivo de "impedir la indefensión que  produciría la disparidad en las situaciones procesales de las partes  produciría". Entre otros letrados, esta prohibición afecta de lleno al abogado  del viceconsejero de Presidencia Antonio Lozano y de Buenaventura  Aguilera, que fue técnico de la Dirección General de Presupuestos  cuando era director general Antonio Vicente Lozano, José María  Mohedano, que presentó recurso --pendiente de resolver-- contra la  medida dictada por Alaya por considerar que "priva a los imputados el  derecho a la libre elección de su abogado". Con anterioridad, Mohedano había llegado a calificar como una  "corruptela procesal" la actuación de Alaya por considerar que había  realizado una "selectiva imputación" para dejar fuera de las  imputaciones a todos los altos cargos y ex altos cargos de las  consejerías implicadas que están aforados y que podrían provocar que  la causa sea enviada a instancias judiciales superiores. Sobre el debate abierto a finales de julio sobre la conveniencia  de que Alaya se inhibiese a a favor del Tribunal Supremo o el  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ante la hipotética  imputación de aforados se pronunció el 9 de agosto la Audiencia  Provincial de Sevilla en una providencia en la que confirmaba la  reducción a 450.000 euros de la fianza requerida para la libertad de  José González Mata, dueño de la consultora 'Uniter', que dejó la  prisión diez días después. Entonces la Audiencia Provincial aclaró que la juez instructora,  Mercedes Alaya, "debe apurar y depurar la instrucción" para  "completar la investigación" con "el grado de participación que  hubiera podido tener la persona aforada", toda vez que corresponde al  Tribunal Supremo el tratamiento de las personas protegidas por la  condición de aforado. En este sentido, llegó a señalar que "en tanto se depura la  competencia del Tribunal Supremo, nada impediría al aforado que  piense que puede quedar involucrado salvaguardar su derecho de  defensa poniéndose a disposición del juzgado para declarar". LA PARTIDA 31L Y LAS PREJUBILACIONES ILEGALES La investigación de Alaya se centra en la presunta administración  fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos  autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos ERE  carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo,  así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos. Las ayudas de  este fondo, ajenas a toda fiscalización y ni siquiera publicadas,  habrían servido además para financiar la prejubilación ilegal de  decenas de personas que figuraban en estos expedientes de regulación  de empleo sin pertenecer a las empresas que promovía estas  reestructuraciones laborales. Merced a estos fondos, de cualquier modo, habría sido financiada  la presunta prejubilación fraudulenta de unas 72 personas y la  prejubilación irregular de otras 111 personas en decenas de ERE,  además de numerosas ayudas directas a empresas relacionadas con  dirigentes públicos o miembros del PSOE. Otro aspecto de la  investigación versa sobre las comisiones que habrían cosechado las  empresas intermediarias del sector de los seguros gracias a la  contratación de las pólizas de seguro de rentas que acompañaban a los  citados expedientes de regulación de empleo. Para la juez, "la clave" del aprovechamiento ilícito "son las  sobrecomisiones, en algunos casos millonarias, fijadas por las  consultoras, de las que se surte cada interviniente", ya que la  magistrada considera que las sobrecomisiones son "el verdadero  alimento de esta trama corrupta" y del que "se nutren no sólo las  mediadoras, sino presuntamente y a espaldas de éstas, sus principales  responsables". En la causa figuran actualmente como imputados el exconsejero de  Empleo Antonio Fernández; el exdirector general de Trabajo y  Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; los sucesores de este  último en tal cargo, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el  exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá; el exdelegado provincial  de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas; el  exsindicalista de UGT Juan Lanzas o los exdirectivos de Mercasevilla  Fernando Mellet y Daniel Ponce; la exministra de Fomento y consejera  de Hacienda entre 1994 y 2004, Magdalena Alvarez; o el exinterventor  general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, que ya  declaró ante Alaya a finales de julio.

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