Política social en auge. En Sanidad se prometió la gratuidad de medicamentos para los menores de un año y ampliar la atención bucodental para jóvenes entre 15 y 18 años, embarazadas y mayores entre 65 y 73 años. En Educación se apostó por universalizar la escuela infantil de 0 a 3 años creando más guarderías y reducir la ratio contratando a 3.000 docentes al año. En Bienestar Social, uno de los grandes bastiones para la inclusión iba a ser la Ley de Renta Básica. También se harían 10.000 plazas en unidades de estancia diurna para mayores.
Política social en retroceso. La apuesta por la dependencia era clara, porque la Ley nacional obligaba a revisar la partida. Bienestar invertirá 128 millones en asistencia, ayuda a domicilio y tecnología para los dependientes. A ello se suman 11,5 millones de asistencia a la mujer (unos tres a la violencia). En Salud, se ha priorizado la mejora de infraestructuras, que copa el 90% de la inversión (413,5 millones) y la investigación, con 9,5 millones; destacan los 600.000 euros para líneas celulares, la gran apuesta. Se incrementa casi un 50% la ayuda a la dependencia, con 189.949 beneficiarios. Para reflotar a los parados, la política de promoción aumenta el 9,2% hasta los 1.520,4 millones y se refuerzan las políticas activas (en torno a un 15%). Educación salva el empleo público con la creación de 2.000 plazas de profesores y las becas-salario de 6.000 euros para 9.000 estudiantes.
Innovación en auge. Una de las apuestas más llamativas fue el acceso gratuito a internet, de un mega, y a una dirección de correo electrónico de calidad. También se habló de aumentar la inversión en I+D+i hasta el 1% del PIB, duplicar el número de profesionales en investigación y triplicar las patentes generadas en este campo. En Medio Ambiente, el presidente apostó fuerte, con una inversión de 30.400 millones en 4 años para combatir el cambio climático, que entonces era "una cuestión central". También se comprometieron 2.000 millones de euros para potenciar infraestructuras de abastecimiento de agua en las ciudades y regadíos. En Turismo se propuso construir 400 instalaciones deportivas y el desarrollo de tres grandes proyectos: uno en torno al Guadalquivir, otro para mejorar las playas y el tercero para hacer más internacionales las empresas turísticas.
Innovación en retroceso. Pese a que se prometió un ascenso en el presupuesto de Innovación, la coyuntura ha obligado a congelar la inversión. Sólo crece la I+D (1,8%) y la investigación científica (9,9%, 294 millones). Hay 95 millones para fomentar las energías renovables. Sin embargo, se estancan los planes de cambio climático: 72,9 millones fragmentados, sobre todo, en ayudas al plan Ciudad XXI (ayuntamientos) y pagados en un 60% por la UE. En materia de agua, la Agencia Andaluza no pasa de 380 millones, la tercera parte de lo previsto. Se salva el Infoca tras un mal catastrófico (126 millones). Turismo destinará 50 de sus 94 millones a pymes y 8,2 al Proyecto Guadalquivir; actuará en unos 60 centros deportivos. En tecnología Justicia invierte 1,2 millones. Al no poder convocar plazas de funcionarios, ha invertido en sedes y medios: 51,3 millones.
Obra pública en auge. Se creó la Consejería de Vivienda con marcado perfil social. El sector inmobiliario parecía ilimitado. Se iba a fomentar la construcción 300.000 VPO, rehabilitar 100.000 pisos y potenciar las ayudas al alquiler. Estos días, además, se ha añadido la idea de dar préstamos a familias para ayudarlas con las hipotecas sobre las viviendas que quedaron colgadas. En Obras Públicas iban por delante el Metro de Sevilla, Málaga y Granada y el tranvía de Cádiz, además del corredor ferroviario de la Costa del Sol, Huelva-Punta Umbría y la conexión con Almería. Estaban previstos 438 kilómetros de autovía entre ciudades pequeñas del interior y rehabilitar otros 5.000 kilómetros de carreteras secundarias.
Obra pública en retroceso. Vivienda se queda con 439,9 millones (-17,9%), de los que 276 se dedican a rehabilitación, impulso a las VPO o ayudas al alquiler. Los metros mantienen su inversión: 64 millones para Granada, 18,4 para Málaga; el tren-tranvía de la Bahía de Cádiz arranca 43 millones, 124 a transporte en Sevilla (metro, tranvías y AVE) y 5 millones, una partida casi testimonial, al corredor ferroviario de la Costa del Sol. El dinero en Obras Públicas saldrá de la colaboración público-privada.
