Economía

La rebelión de los impagados

Son fontaneros, electricistas, carpinteros, escayolistas....y un alcalde. Son los otros damnificados por la crisis del ladrillo, a los que las suspensiones de pagos dejan sin cobrar. Se han constituido en asociación, y ayer se manifestaron en Madrid para reclamar soluciones al Gobierno. (Foto: Javier Díaz).

el 15 sep 2009 / 03:48 h.

Son fontaneros, electricistas, carpinteros, escayolistas....y un alcalde. Son los otros damnificados por la crisis del ladrillo, a los que las suspensiones de pagos dejan sin cobrar. Se han constituido en asociación, ayer se manifestaron en Madrid para reclamar soluciones al Gobierno y preparan otra protesta en Sevilla.

Juan Vega (IU) es el alcalde de la localidad sevillana de Lantejuela. Ayer estuvo de manifestación en Madrid, iba en apoyo de los damnificados colaterales de la crisis del ladrillo, ésos que no son grandes constructoras o inmobiliarias, sino pequeñas empresas auxiliares y subcontratas, "las que realmente dan vida [económica y laboral] a mi pueblo".

Iban a ir en autobús, al final lo hicieron en coches particulares, pero a la capital de España fueron decenas de sevillanos para reunirse con varios cientos de empresarios y trabajadores de pymes -de la construcción y de actividades auxiliares, desde carpintería de madera y aluminio hasta fontanería, pasando por climatización y aire acondicionado e incluso electricidad- perjudicados por la creciente suspensión de pagos (la actual figura del concurso de acreedores) de firmas del ladrillo.

"Afectados ellos, y afectado yo", relata Juan Vega. "En Lantejuela, apenas somos 3.800 habitantes, pero ya existen 20 empresas perjudicadas. El estar aquí [en la protesta de Madrid] es por una causa muy justa, porque son víctimas de los especuladores de este país, que durante años lo ganaron muy bien y ahora están dejando un gran desamparo".

Precisamente de este municipio es Antonio Moreno, que a mediados de mes atrajo la atención de los medios de comunicación cuando, en una desesperada reacción, se encadenó a las puertas de la inmobiliaria que, según dice, le ha acarreado "la ruina" justo en la antesala de la jubilación. Tiene 58 años y junto con su hija Mercedes está abanderando la rebelión de los pequeños ante un sistema que, opina, cubre a los grandes. Su empresa, Alucam, se dedica a la carpintería metálica. A quince trabajadores daba empleo, ahora quedan tres, él y otros dos miembros de su familia.

"Me adeudan 180 millones de pesetas [1,08 millones de euros] y todos mis bienes los he tenido que hipotecar, y ahora vivo bajo la amenaza de los embargos". Varias son las empresas que le deben, pero el grueso, explica, corresponde a una promotora sevillana.

¿Por qué no reaccionó cuando los cobros comenzaron a fallar? Moreno responde que a él le entregaban pagarés a 180 días, y en ese tiempo, que la ley permite, le pilló el fatídico frenazo inmobiliario.

Si este empresario de Lantejuela es portavoz sevillano, Abraham Carrasco, alicantino, se ha erigido en el nacional. Se dedica a la instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado. La empresa, Verticales del Levante. "Todo nuestro esfuerzo ha quedado barrido. Éramos 15 personas en la empresa y quedamos 7. Confiamos en no tener que cerrar", señala Carrasco, sobre quien cayó como pesada losa la suspensión de pagos de unos de sus principales clientes.

Pero, ¿qué solicitan al Gobierno? El líder de la recién gestada Asociación de Proveedores Impagados de la Construcción, la misma que ayer convocó la manifestación de Madrid, explica que son dos las reivindicaciones principales. La primera, un cambio en la legislación estatal sobre los concursos de acreedores pues, a su juicio, las empresas están "jugando [solicitando al juez que las declare en suspensión de pagos]" con ellos para así "ahorrarse" buena parte del dinero adeudado a los proveedores. Y la segunda, que se habiliten líneas de créditos blandos (de bajos o nulos intereses) para conferir liquidez a las inmobiliarias y que éstas, a su vez, puedan pagar.

Próxima parada, Sevilla. Tal asociación está preparando una protesta similar en la capital hispalense pues, arguye, Andalucía y Valencia son las comunidades donde se dan más casos de impagos. ¿Por? "Porque se da más la corrupción urbanística".

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