El alcalde de La Puebla del Río, Julio Álvarez (PSOE), repitió ayer ante un jurado popular que los 6.000 euros que gastó con el móvil oficial fueron en llamadas a una mujer que "tenía problemas", negando que ella fuera su novia. Una versión que la vecina ratificó ayer al asegurar que él la llamaba para ayudarla y que lo hacía a distintas horas.
El regidor, que se presenta en las próximas elecciones municipales, insistió en que siempre usó el móvil oficial para su "función pública", ya que para él esas llamadas no eran del ámbito privado, sino que lo hacía como alcalde para ayudar a una vecina que, en su opinión, tenía una situación complicada. "El uso que le he dado al móvil oficial era el que tenía que dar", defendió con un tono autoritario que hizo que el presidente del jurado popular le llamase la atención. "No está usted en un pleno, así que le ruego que no hable con ese tono autoritario" o "no sea tan prolijo ni tan abrumador con sus respuestas", fueron algunas de las advertencias que le hizo el magistrado Joaquín Sánchez Ugena durante su declaración.
El alcalde también dijo que estas llamadas "eran conocidas por todos en el Ayuntamiento" de La Puebla del Río, lo que hizo que esta mujer "recibiera amenazas de muerte" si no se iba, algunas de las cuales también iban dirigidas a él y a su familia. Esta versión fue corroborada por esta mujer, que también declaró como testigo en la jornada de ayer. Relató que ella le daba un toque al móvil oficial y el alcalde la llamaba para ayudarla "por la grave situación que estaba pasando", y que eso "podía ocurrir a cualquier hora del día". La mujer, según explicaron fuentes del caso a la agencia Europa Press, contó que en la madrugada de ayer recibió en su domicilio una bolsa de arena con una fotografía dentro de su hija vestida con un traje de flamenca y una "amenaza de muerte, avisándome de que tuviera cuidado con lo que iba a decir hoy [por ayer]".
En el juicio también declaró el exedil de Obras Públicas, Juan Carlos Benítez, a quien la Fiscalía de Sevilla acusa de encubrimiento. Reconoció que él manipuló las facturas del móvil oficial del alcalde "y de otros concejales" que luego fueron entregadas al portavoz municipal de IU, que ejercía la oposición y ahora la acción popular. Según él, hizo "un corta pega" con las copias de las facturas cuando veía un listado largo de llamadas, aunque sin ir buscando eliminar alguna en concreto. Esto lo hizo "para uso privado, para ir callando bocas, porque el edil de IU iba diciendo barbaridades". Para agregar: "Se lo pensaba enseñar a todo bicho viviente". Sin embargo, luego se arrepintió y tiró las copias manipuladas, "salvo algunas" que, según narró, se las entregó por "error al interventor" y éste al edil de IU que las estaba revisando. Sin embargo, dijo que el alcalde no sabía nada: "Cuando se enteró, me echó una bronca de dos pares de cojones, que casi me pongo a llorar y me fui a mi casa". El juicio, en el que el fiscal pide cuatro años y nueve meses de cárcel para el alcalde, sigue hoy con la declaración de los peritos.
