La recuperación del arroyo Ríopudio da un paso más con el inicio de las expropiaciones

Es con carácter de urgencia y afecta a fincas de Mairena del Aljarafe, Almensilla, Palomares, Coria, Bollullos de la Mitación y Bormujos.

el 28 feb 2014 / 23:19 h.

Un tramo del arroyo Riopudio. / el correo Un tramo del arroyo Riopudio. La recuperación del Riopudio vuelve a su cauce. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) promueve por vía de urgencia la expropiación forzosa de diversas fincas en Mairena del Aljarafe, Almensilla, Palomares, Coria del Río, Bollullos de la Mitación y Bormujos, para reacticar el proyecto de restauración ambiental de este arroyo, que atraviesa de norte a sur la comarca del Aljarafe y cuya recuperación quedó paralizada en 2010. En aquellos momentos, la Junta de Andalucía había asumido el proyecto al haber conseguido las competencias sobre la cuenca del Guadalquivir, extremo finalmente declarado inconstitucional con la devolución al Estado de tales competencias. Según la documentación recogida por Europa Press, hay un total de 14 fincas afectadas: dos en Bormujos, tres en Bollullos, dos en Mairena, cuatro en Almensilla, dos en Palomares y una en Coria. La superficie total de expropiación definitiva es de 22.998,52 metros cuadrados. Se ha convocado a los propietarios al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe el próximo 12 de marzo. El proyecto de restauración del arroyo Riopudio, una histórica reivindicación de la comarca del Aljarafe, se remonta al año 2007, cuando la CHG adjudicó a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Ingeniería Forestal S.A. y Floresur S.L., por 10.819.648 euros, la regeneración ambiental del cauce. Pero en 2009, la Agencia Andaluza del Agua asumió esta intervención, y otras muchas, al haber sido transferidas a la Administración autonómica las competencias de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, merced al artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ya en julio de 2010, los miembros de la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe avisaban de que los trabajos de restauración estaban «prácticamente paralizados» y el Gobierno andaluz anunciaba un «rediseño» de la actuación. Después de esto, devino la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que devolvió la competencia al Gobierno.

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