"Ésta es la propuesta de los agricultores que están en el tajo, de los que se juegan todos los días su dinero y su supervivencia profesional". De esta forma describió ayer el presidente de Asaja-Andalucía, Ricardo Serra, el documento consensuado ante la reforma de la Política Agraria Común (PAC) más allá de 2013. Un diálogo abierto entre la Consejería de Agricultura, las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA en Andalucía, y la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas Agrarias (Faeca) que ha durado dos años. Un periodo en el que las negociaciones han sido continuas con el objetivo de alcanzar posiciones comunes.
Desde Asaja se aseguró que se trata "del primer paso, porque ahora es cuando comienza la batalla; no obstante, es un buen inicio, pero va a ser larga". Por su parte, el secretario general de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, puntualizó que "todos hemos tenido que ajustarnos a favor del interés general, teniendo presente las reformas que tenemos por delante". En este sentido, pidió a los partidos que "realicen el mismo esfuerzo" para llegar "a una postura común".
El secretario general de COAG-Andalucía, Miguel López, resumió el documento como "un ejercicio de responsabilidad en un contexto muy difícil", y dijo que "los alimentos no pueden estar en manos del mercado y la UE debe reconducir la situación". Una postura a la que se sumó el director gerente de Faeca, Rafael Sánchez de Puerta, quien señaló que "ahora la PAC debe, sin olvidar las ayudas, centrarse en diseñar mecanismos para regular el mercado".
Por su parte, la consejera de Agricultura, Clara Aguilera, detalló que ayer se encontraba ante "una imagen de unidad". "Estamos ante un acuerdo que se esgrime como la columna vertebral de la defensa de los agricultores andaluces y de todos", dijo.
El documento se centra en el alza de la productividad, garantizar un nivel de vida que permita la fijación de la población rural, estabilizar los mercados y asegurar alimentos a precios razonables. Una de sus prioridades consiste en recuperar y rediseñar los mecanismos de gestión del mercado, para que contribuyan a paliar la volatilidad de los precios.
Con respecto a las ayudas directas, apunta a que éstas seguirán siendo un apoyo para garantizar la renta mínima y se rechaza la tasa plana para todos los agricultores españoles, pues supondría un trasvase de fondos desde Andalucía hacia otras regiones.
Además, pide la modificación de la normativa europea de competencia que aumente la transparencia en los precios y el desarrollo de las organizaciones interprofesionales. "Para llegar a este consenso se ha renunciado a pequeños matices, de forma que algunos conceptos quedan más indefinidos", afirmó Serra.
Por otro lado, las organizaciones mantendrán un encuentro el lunes para acordar posturas en el calendario de movilizaciones que se desarrollarán este mes contra la crisis en el campo.
