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La reforma del régimen local: una cuestión capital para nuestras ciudades

El Parlamento de Andalucía acaba de iniciar los trámites parlamentarios para la aprobación de una nueva Ley de Régimen Local de Andalucía. Una ley cuyo fin no puede ser otro que dotar a los gobiernos de las ciudades de un nuevo régimen de financiación local que garantice más autonomía, competencias...

el 16 sep 2009 / 05:14 h.

El Parlamento de Andalucía acaba de iniciar los trámites parlamentarios para la aprobación de una nueva Ley de Régimen Local de Andalucía. Una ley cuyo fin no puede ser otro que dotar a los gobiernos de las ciudades de un nuevo régimen de financiación local que garantice más autonomía, competencias, más medios al servicio de los ciudadanos, y un régimen jurídico del Gobierno local que le permita adaptarse a las demandas ciudadanas y a la lógica del siglo XXI.

Esa nueva financiación ha de contar con dos fuentes principales: un sistema fiscal propio, y transferencias incondicionadas de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas, abordando definitivamente la participación de las arcas municipales en los ingresos propios de las comunidades autónomas.

La situación actual no es nueva, pero se va agravando con el paso de los años. Las entidades locales no superan el histórico 13% del gasto público pero, en materia de ingresos, los gobiernos locales han sufrido un cierto retroceso (7% entre 2001 y 2005) respecto al conjunto de las administraciones públicas, agrandándose la brecha con el nivel autonómico de la Administración.

Hay una cuestión en la financiación local que merece una especial mención, por los significativos efectos que surten en sus arcas: existen actividades municipales especialmente vinculadas con la residencia oficial de los ciudadanos pero hay otras actuaciones o servicios que también benefician a la población flotante que no tiene residencia oficial en el municipio de referencia, con lo que no contribuyen a las arcas locales ni se toman en consideración para determinar las transferencias estatales o autonómicas. Y se trata de servicios tan esenciales como el transporte y la accesibilidad, la seguridad y vigilancia urbana, y las políticas vinculadas al ocio y la cultura que exceden lo estrictamente local.

Las ciudades precisan resolver de una vez por todas esta situación; y afrontar con realismo, y desde el máximo consenso político, el reforzamiento de su dimensión política y de su capacidad de gobierno.

Por ello es crucial que la nueva ley establezca en su articulado con claridad las competencias atribuidas a los entes locales, y que reconozca el principio de su suficiencia financiera.

El objetivo debe ser, por tanto, fijar los criterios fundamentales para la financiación de estos servicios, configurando en la nueva ley tanto la participación de los entes locales en los ingresos de la comunidad autónoma como el derecho a recibir la financiación necesaria para el ejercicio efectivo de esas competencias. Una financiación incondicionada en cuanto a su destino y periódica en su percepción, de acuerdo con los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera de la administración local.

Porque, de otro modo, no se habrá conseguido nada. Los ayuntamientos deben situarse en el lugar jurídico que corresponde en un Estado moderno.

Superados muchos problemas en la normalización del Estado en los últimos treinta años, ha llegado también el momento de normalizar la situación del Gobierno de las Ciudades, en temas tan básicos y ligados a derechos constitucionales como son la autonomía o la capacidad de autoorganización.

Alcalde de Sevilla.

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