El pleno del Congreso tendrá que discutir y votar la propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC) promovida desde Cataluña por el tripartito y CiU, partido cuyo grupo parlamentario en la Cámara Baja registró ayer una proposición de ley orgánica encaminada a este cambio legal. Sin embargo, la presentación de la iniciativa no garantiza que vaya a ser abordada por el Congreso antes del verano, cuando acaba el actual período de sesiones, y podría retrasarse hasta el último cuatrimestre del año, explicaron fuentes de CiU.
El registro de la propuesta sigue los pasos del acuerdo alcanzado entre CiU y el tripartito para activar la renovación del Tribunal Constitucional y desbloquear la sentencia del Estatut. De hecho, se produce cuatro días después de que en el Senado los grupos parlamentarios de la Entesa (que agrupa a los senadores del PSC, ERC e ICV) y de CiU presentaran conjuntamente una moción para la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional.
Al igual que aquella propuesta, la proposición firmada por CiU en el Congreso de los Diputados pide modificar cinco artículos de esa norma para, entre otros objetivos, establecer el cese automático de los magistrados que hayan cumplido sus nueve años de mandato, una vez que hayan pasado seis meses desde la fecha de expiración de los nombramientos.
Por su parte, el coordinador de los diputados y senadores del PSC, Francesc Vallès, acusó ayer a CiU de romper la unidad de acción del catalanismo con esta proposición. A su juicio, el nacionalista Artur Mas está "nervioso" ante el liderazgo del presidente de la Generalitat, José Montilla, y ha "boicoteado" el acuerdo del Parlament por afán de "protagonismo".
Mientras tanto, el Gobierno confía en que el Tribunal Constitucional emita antes del verano su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, sobre la base de la ponencia que redacte su presidenta, María Emilia Casas, según señalaron ayer fuentes del Ejecutivo. De ser así, la sentencia sería fruto de tres ponencias y un total de siete intentos de llegar a un acuerdo sobre la constitucionalidad del Estatut. Casas asumió la tarea de ponente el pasado 19 de mayo.
