La reforma del sistema de condenas a muerte en China, que desde 2007 otorga al Tribunal Popular Supremo la última palabra para aprobar esta pena máxima, logró que el año pasado un 15 por ciento de las mismas en el país fueran rechazadas, informaron hoy distintos medios locales.
Es la primera vez que se ofrecen estadísticas sobre los efectos de la esperanzadora legislación, que ya fue elogiada por organizaciones como Amnistía Internacional (AI) como un paso adelante en el camino por erradicar la pena de muerte en China, el país donde más presos son ejecutados en el mundo.
El Supremo anuló en 2007 ese porcentaje de penas de muerte alegando "falta de pruebas, injusticias y procedimientos ilegales de los tribunales", señaló el diario "Beijing Morning Post" citando al juez Huang Ermei, del citado tribunal superior.
El magistrado también dijo a los periodistas que "la abolición de la pena de muerte es una tendencia en la justicia criminal internacional", pero aseguró que China no tiene todavía las condiciones necesarias para ello.
Antes de 2007, los tribunales provinciales y locales tenían la potestad para dictar penas de muerte, sin necesidad de pasar por el Supremo central, una medida que se inició en los años 80 debido a la falta de recursos del tribunal nacional para hacerse cargo de todos los casos, en una época en que hubo un gran aumento de los juicios por vía penal.
La información de hoy no señaló el número de penas de muerte dictadas el pasado año por la Justicia china, que nunca revela este número al considerarlo un secreto de Estado.
Amnistía Internacional cifra en 1.010 los reos que fueron ejecutados en el año 2006, número superior a la suma del resto de países del mundo que mantienen la pena de muerte, aunque fuentes del Gobierno chino reconocen que la cantidad verdadera es mayor y podría rondar entre 7.500 y 8.000 ejecuciones anuales.
El pasado año se produjeron ejecuciones muy destacadas, como la del ex director de la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos, Zheng Xiaoyu, tras una oleada de escándalos nacionales e internacionales por productos "made in China" nocivos para los consumidores.
