estabilidad // A grandes rasgos, la reforma local, efectivamente, busca adelgazar. Tanto que todo empacho, es decir, todo servicio que pueda suponer un balance negativo en las cuentas -sin contar los beneficios no económicos que pueda acarrear- corre peligro de ser eliminado de la dieta de los Ayuntamientos, que deben cumplir la "estabilidad financiera" marcada desde Madrid. Eso supone el camino contrario al que promulgaban muchos alcaldes, de diferente signo político, que reivindicaban que los consistorios debían de dejar de ser la hermana pobre -la que se lleva la porción más pequeña de la tarta de la financiación- y contar con dinero suficiente para asumir sus servicios y, además, los que desarrollan fuera de sus competencias -"las tareas impropias", según define el anteproyecto-. Así, el alcalde tendría razones para responder a las demandas de los vecinos, que cuando tienen una queja no se dirigen a la Junta o al Estado, sino a la del Consistorio de turno.
DUPLICIDADES. El camino es contrario. Aunque no se puede eludir que ataja el gran escollo de las duplicidades de servicios bajo la máxima de que una Administración asuma una competencia, el anteproyecto empuja hacia la pérdida de servicios de las haciendas locales, que pasarían a manos de administraciones. Una deslocalización a la que se sumaría una tutela del Estado de lo que quede, con la imposición de un coste estándar, diseñado por Hacienda, que además es de obligado cumplimiento.
COMPETENCIAS. Todo esto suena a chino si no se definen sus efectos prácticos en Ayuntamientos como el de Sevilla. En su caso, seguiría siendo gestor de las tareas urbanísticas, además de las de tráfico, Policía Local, bomberos, abastecimiento de agua, parques y jardines o patrimonio, entre otros. Pero se esfumaría de su cartera de servicios otros (consumo, matadero, la vigilancia en espacios públicos que afectaría a las competencias de la Policía Local), a la par que le imposibilitaría a la hora de acometer programas cofinanciados. El cambio legislativo supondría, por una parte, que el Ayuntamiento perdería la poca mano que tiene para hacer frente a la lacra del paro. Talleres de empleo, escuelas taller, programas como Redes, Alpe o Andalucía Orienta tendrían fecha de caducidad, ya que esos convenios "quedarán sin efecto a partir de 2014". A eso, además, hay que sumar que el año pasado pasó de largo sin que estas políticas de empleo se pusieran en marcha por una disputa entre las dos administraciones y que la edición de este año no comenzará, al menos, hasta principios de abril. ¿Y de quién dependería a partir de 2014 esas medidas? El anteproyecto no lo especifica. Es más, no hace alusión alguna al empleo, ni a otros programas que también depende de la dupla Junta-Consistorio como los de dependencia o los de ayuda a domicilio.
TEMAS SOCIALES. Del árbol de la gestión municipal también se caerían tres de los pilares del Estado del Bienestar (asuntos sociales, salud y educación), que, en el caso de los municipios mayores de 20.000 habitantes -y Sevilla lo supera con crece-, pasarían directamente a manos de la Junta. En el primero de los casos, el de asuntos sociales, el radio de acción del Consistorio se limitaría a la piedra angular del último presupuesto del Gobierno de Zoido: planes de urgencia social, como partidas a comedores sociales o a ayudas a entidades como el Banco de Alimentos o Cáritas. Solidaridad y caridad. El resto de iniciativas de calado social, algunas grandes promesas electorales como el plan de El Vacie o la lucha contra el chabolismo, volarían del despacho de Plaza Nueva. Lo mismo pasa en educación y sanidad, donde su margen de maniobra se limitaría a de ceder suelos para infraestructuras. La construcción de colegios y centros de salud era de por sí competencia regional, a la que se sumaría su limpieza y mantenimiento. El traspaso de poderes, que la ley incide que no supondría más gastos, comenzaría en un año con asuntos sociales y siempre con la bendición en todo momento del Estado. De no fructificar este relevo, "se seguiría prestando el servicio a coste estandar" y con cargo a la Junta. En las políticas de vivienda, el Consistorio seguiría con las competencias, pero sujeto al criterio de que sean rentables. Una variable que hoy por hoy se antoja improbable en un escenario en el que la construcción es deficitaria. Tanto que el Gobierno local no sólo dejó aparcado sine die su promesa del plan de vivienda, sino que las únicas promociones que se entregan no son de nuevo cuño, sino que vienen heredadas.
REVISIÓN. Del resto de competencias, estarán en constante revisión. Si suspenden en el examen de evaluación y se catalogan como inadecuadas, el anteproyecto no se anda con chiquitas: si son competencias impropias, se suprimirán y si se tratan de servicios mínimos se abriría las puertas hacia la gestión indirecta (es decir, el camino a la privatización de estas tareas). La tercera opción es aprobar un plan de reducción de costes para que en tres años se sitúen en un coste estándar del que no se sabe su límite en euros.
El anteproyecto no gusta en el PSOE. E incluso alcaldes del PP en la provincia se postulan en su contra, aunque con la boca chica. Pocos validan a pies juntillas el documento. Ni siquiera Juan Ignacio Zoido, que en el último pleno recalcó que sólo era un anteproyecto con margen de mejora "en el trámite parlamentario", descartando que sólo implique una privatización o eliminación de servicios. Es más, el regidor apeló a que el documento de Hacienda permita finalmente "racionalizar" la administración local para que esta pueda sea "eficaz y eficiente".
