La Consejería de Educación de la Junta ha remitido una circular a los centros escolares de la comunidad relativa a la evaluación de los niños que cursan el último curso de Infantil (alumnos de seis años). En la directriz, se anuncia que en casos en los que se diagnostique que el niño sufre problemas de desarrollo madurativo se permitirá que el pequeño prosiga un año más en Infantil y que, por tanto, no empiece la Educación Primaria hasta los siete. La ley obliga a que todos los niños sean escolarizados a los seis años, pero la Junta abre esta vía para adecuar el proceso formativo del niño a su desarrollo madurativo real. Habrá quien piense que Educación vulnera la norma que ampara la escolarización obligatoria desde los seis años al retrasar la incorporación de algunos niños, pero esta apreciación se aleja de la filosofía que subyace en esta medida. No se está ante un acto discrecional de la Administración, que decide quién debe o no pasar de curso para demostrar una exigencia que podría tildarse de ridícula a edades tan tempranas. Lo que se hace es extender a los padres de Infantil el derecho a que sus hijos sean educados conforme a su evolución madurativa. Igual que no hay dos adultos iguales, tampoco todos los niños se desarrollan a la misma velocidad. Por ello, se opta por un sistema que trata de forma singular casos especiales, siempre con la firma de consentimiento de los padres. El método incluye filtros para evitar errores de calibre. Así, la propuesta, que partirá del maestro y tutor, deberá contar con el visto bueno del director del centro, con el aval de un informe del Equipo de Orientación Educativa del colegio y con el marchamo de un informe firmado por técnicos de la Inspección Educativa de la Junta. Estas redes de seguridad confirman la excepcionalidad de una medida que no busca más que lo esencial: que los niños sean educados conforme a sus necesidades.
