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"La respuesta correcta a la crisis económica es más Europa. La UE y el euro son irreversibles"

Viviane Reding. La vicepresidenta de la Comisión Europea afirma que Europa debe mostrar al mundo, al mercado y a los ciudadanos que sale favorecida de la situación actual

el 04 sep 2012 / 19:34 h.

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-Una de sus prioridades actuales es la lucha contra el fraude en el uso de los fondos europeos. ¿Es un problema común?
-El mal uso de los fondos comunitarios con fines delictivos pone en peligro los objetivos de la UE de generar empleo y el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida. Con las finanzas públicas bajo presión en toda la UE, cada euro cuenta. Las pérdidas para el presupuesto de la UE debido a las actividades ilegales son una causa de preocupación, sobre todo en la medida que más del 90% del presupuesto de la UE se gestiona a nivel nacional. En 2010, hubo un total de 600 casos de sospecha de fraude. Los Estados miembros notificaron casos sospechosos por un monto de 600 millones. Por esta razón, en julio, la Comisión Europea propuso nuevas normas para combatir el fraude. Por primera vez en la historia de la UE, la Comisión propuso sanciones mínimas comunes penales, incluida la prisión. Uno de los objetivos es disuadir a los defraudadores dejando claras las consecuencias de su delito.

-¿Cree que España es un socio fiable en este sentido o debe mejorar en su lucha contra la corrupción?
-Cuando miro los datos de España, puedo decir que su país es bueno en la detección y denuncia de irregularidades. Por ejemplo, en los Fondos Estructurales y de los sectores agrícolas (la mayor partida del gasto Europeo), España detectó y denunció en 2011 538 irregularidades, por un valor total de más de 68 millones. Las sospechas de fraude son sólo una pequeña parte, aunque la mayoría de las irregularidades son puros errores administrativos sin una intención deliberada de cometer fraude con dinero de la UE.

-¿Hay muchos casos de este tipo en España?
-Por lo que se refiere a los datos sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), en el periodo 2000-2010, se transfirieron a las autoridades españolas un total de 296 acciones penales y en 171 de estas denuncias se tomó una decisión final, que en 98 de ellos fue de condena. Esto representa una tasa de condena de casi el 60%, lo que demuestra que las autoridades españolas están haciendo su trabajo. La Comisión Europea considera que España es un buen aliado en la lucha contra el fraude y que se toma en serio la detección y denuncia de irregularidades o posibles fraudes con fondos de la UE. Hago un llamamiento a las autoridades nacionales y de la UE para permanecer constantemente vigilante.

-En este ámbito aboga por unificar las normativas europeas y hacer uso incluso de la legislación penal. ¿Alguien que ofrezca datos falsos para conseguir financiación europea, por ejemplo, en la agricultura, debe ir a la cárcel?
-El derecho penal es un área de acción relativamente nueva para la UE. Se trata de un área en la que el Tratado de Lisboa establece un marco jurídico claro para cubrir delitos particularmente graves con dimensión transfronteriza. Y es una de las áreas que está en el corazón de la soberanía nacional. Por lo tanto, la Comisión Europea siempre actuará con cautela y establecerá condiciones claras: mantener siempre el derecho penal como medida de último recurso; reservar el derecho penal para delitos particularmente graves, y respetar plenamente los principios de subsidiariedad y proporcionalidad.

-¿Hay muchas limitaciones a la hora de actuar contra estos fraudes?
-Con el Tratado de Lisboa en vigor, la UE está mucho mejor equipada para luchar contra la delincuencia transfronteriza a través del uso del derecho penal. Hay, sin embargo, límites legales claros y democráticos a lo que podemos hacer. El derecho penal de la UE debe ser desarrollado teniendo en cuenta los derechos fundamentales, como el derecho a un juicio justo. La legislación penal europea debe ser ahora aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, bajo control judicial pleno de la Corte Europea de Justicia. Además, los Parlamentos nacionales están llamados a jugar un papel importante en el desarrollo de la legislación sobre derecho penal. Dicho esto, la aplicación de las sanciones penales puede hacer que algunas normas europeas sean más eficaces.

-¿Qué sanciones se barajan?
-Las normas que he propuesto establecerían penas mínimas para el fraude y otras actividades ilegales de seis meses de prisión para los casos graves y si los daños al presupuesto de la UE fueron más de 100.000, penas de cárcel. De este modo, no habrá escondites para los defraudadores en Europa ni lagunas legales de las que puedan aprovecharse.

-¿Cree usted que la justicia en Europa sería más eficaz en la lucha contra ciertos delitos si hay una determinada unificación del derecho penal y los diferentes tipos de cortes?
-Las fronteras nacionales dentro de la UE están siendo progresivamente desmanteladas y los ciudadanos se mueven con más libertad que nunca. Esto requiere medidas que faciliten la libertad de movimiento, pero al mismo tiempo otras normas para prevenir y combatir la delincuencia transfronteriza. La lucha contra la delincuencia transfronteriza implica el fortalecimiento del diálogo y la acción entre las distintas autoridades de la justicia penal de los países de la UE. Lo que quiero es construir un verdadero espacio europeo de Justicia y para fortalecer la confianza mutua entre los tribunales y las administraciones de los Estados miembros, el reconocimiento mutuo de los demás resoluciones judiciales y el establecimiento de normas mínimas en toda la UE que faciliten el acceso a la justicia de todos los europeos en igualdad de condiciones en todos los países.

-En esta línea, ¿debemos promover políticas de internet más restrictivas para garantizar el control?
-Para la UE, la libertad de expresión y la de información son derechos fundamentales independientemente de los medios tecnológicos que se usen para ejercerlos y sin importar las fronteras. Soy favorable a una internet libremente accesible y estoy por la libertad de expresión y la libertad de información a través de red. A lo largo de mi carrera he luchado por esto en el contexto de la reforma de telecomunicaciones de la UE y del debate sobre la descarga de archivos de forma ilegal. En ese momento, el presidente francés puso mucha presión sobre la Comisión en su conjunto y sobre mí personalmente para que cambiara de opinión. Pero la Comisión es independiente. El control de internet no es una solución eficaz. En su lugar debemos trabajar para capacitar a las personas a usarlo. En Europa, la protección de los datos personales también es un derecho fundamental. Las propuestas de la Comisión están sobre la mesa y tienen que ser acordadas por los colegisladores, el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Las conversaciones van por buen camino. Mi objetivo es tener un acuerdo sobre las nuevas reglas en 2013.

-La percepción pública es que en situaciones de crisis, las autoridades han rescatado a los bancos, los gobiernos y los políticos en lugar de ayudar a los ciudadanos. Esto está causando una creciente desilusión en España y los líderes políticos están desacreditados. ¿Qué pueden hacer los políticos para combatir esta situación?
-La crisis es ante todo de confianza y es la responsabilidad de los políticos (nacionales y europeos) y de las instituciones tomar las medidas necesarias para salir de ella y restaurar la confianza. En este sentido, la cumbre de la UE en junio trajo resultados importantes e inesperados sobre el camino a seguir. Los líderes de la UE tuvieron una visión más allá de intereses a corto plazo y encontraron un acuerdo común que allana el camino para una mayor integración europea. Llegamos a un acuerdo sobre la necesidad de avanzar de la Unión Económica y Monetaria a una "nueva etapa". Queremos desarrollar y fortalecer aún más la Agenda de los Ciudadanos y asegurarnos de que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos europeos en su vida cotidiana. Es por eso que he lanzado una consulta pública través de http://ec.europa.eu/your-rights-your-future. La Comisión va a debatir con los ciudadanos en sus lugares de origen sobre su visión para el futuro de Europa. Y será en España, concretamente en Andalucía, donde voy a tener el primer debate.

-En este contexto, ¿cuál es su opinión sobre el futuro de Europa? ¿Es "más Europa", la respuesta a la crisis, en su opinión?
-La crisis ha provocado un debate necesario sobre dónde nos encontramos en Europa y hacia dónde nos dirigimos. Visiones opuestas entre una Federación Europea o unos "Estados Unidos de Europa" saltan de nuevo a la plaza pública. Cada vez más, los políticos nacionales están empezando a comprender que sólo podemos ser fuertes uniendo fuerzas. Y que la respuesta correcta a la crisis es más Europa, no menos. Ahora es el momento de mostrar al mundo, a los mercados y a los ciudadanos que Europa saldrá fortalecida de esta crisis, no se desintegrará. La Unión Europea y el euro son irreversibles.

-¿Qué aspectos deben mejorarse para que haya una unión real y efectiva? ¿Además de la unión monetaria debe haber una unión económica real?
-Europa tiene una larga historia de reconstrucción y reinvención. Esto es lo que hacemos: nos adaptamos, crecemos, progresamos. Nuestro destino en los próximos años es claro: si queremos preservar y fortalecer la posición de Europa en el mundo, tenemos que convertir nuestra Unión Económica y Monetaria en una fuerte Federación Política Europea, en una Unión Monetaria, Fiscal y Bancaria, que cubra al menos la Zona Euro, pero que esté abierta a todos los Estados miembros de la UE que deseen unirse. En el mundo globalizado de hoy, el intercambio y federalización de la soberanía es la única manera de mantener el poder democrático frente a los grandes desafíos globales, como la actual crisis financiera y de la deuda, o el cambio climático. Ahora es el momento de consolidar lo que se ha logrado 55 años después de la firma del Tratado de Roma.

-¿No cree que deberíamos fortalecer la cohesión interna antes de futuras ampliaciones?
-Hay que tener en cuenta que la UE es una mezcla de los antiguos y los nuevos Estados miembros, una mezcla de tamaños, de idiomas y de historias constitucionales. Esta variedad y esta diversidad son nuestro tesoro. La Unión Europea ha crecido y ha reunido a la mayor parte del continente. Con la caída del telón de acero se ha vuelto más grande y más dinámica, y ha reunido a 500 millones de personas. Es un continente europeo donde se puede conducir desde Tallin en Estonia hasta Sevilla sin tener que parar en una sola frontera. Esta apertura y la visión deben seguir. Pero también tenemos que tener muy claro que antes de que un país pueda entrar en la UE debe cumplir todos los estrictos criterios y en particular, garantizar el respeto por la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, la independencia del poder judicial y el respeto de los derechos fundamentales.

-Las crisis ayudan a que se produzcan brotes racistas o xenófobos. ¿Ha detectado un aumento en este tipo de incidentes? ¿Teme que pueda ocurrir de nuevo en Europa o la UE ya está vacunada contra esto?
-Es cierto que los tiempos de incertidumbre económica tienden a alimentar movimientos extremistas, pero hay que tener cuidado con la amenaza populista y la difusión de sus ideas porque son opuestos al proyecto europeo. Los líderes de la UE no deben caer en la tentación de los discursos populistas sino seguir trabajando con la Comisión y otras instituciones europeas para impulsar una Europa de paz y crecimiento. Europa no es el problema. Europa es la solución. De hecho, estoy convencida de que en muchos aspectos, la crisis ha fortalecido la democracia en Europa.

-El Gobierno de España tiene una nueva ley de costas. ¿Qué piensa usted de la protección legal que esta nueva legislación ofrece a los ciudadanos europeos con propiedades en la costa española?
-Doy la bienvenida a la propuesta del Gobierno español de reformar la ley para garantizar la protección eficaz del medio ambiente costero. En la actualidad, se trata de una proposición por parte de su Gobierno. España tiene ciertamente un interés legítimo en proteger su hermosa costa. Sin embargo, es importante hacerlo de modo que mejore la seguridad jurídica de los ciudadanos que son dueños de una propiedad en la costa española o que están pensando en comprar una.

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